El peregrinar de los padres para lograr el tratamiento de sus hijos discapacitados ante la negativa de las obras sociales es una batalla diaria e interminable. “La ley madre, la 24.901, es la base de la obligación que tienen las obras sociales y empresas de medicina prepaga para solventar el ciento por ciento del tratamiento que una persona discapacitada requiera”, enfatiza Rosana Martins, fundadora de la Asociación Civil Centro de Ayuda al Discapacitado, por medio de la cual asesora a padres de chicos discapacitados en la lucha por la obtención de la cobertura plena del tratamiento que necesitan. Desde hace años, la mujer, junto a Marisa Malvestitti, se comprometen con la situación de cada familia que es burlada por la burocracia y desidia de los auditores de las obras sociales. “La situación es gravísima, están tomando a las personas como un número, como un monto a pagar, cuando se olvidan de que se les está negando la salud; a esta insensibilidad llegaron los médicos auditores”, sostuvo Martins.
Tal lo detallado por la fundadora de Centro de Ayuda al Discapacitado y actual coordinadora del departamento de discapacidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, la ley 24.901 ampara a toda persona que tiene el certificado de discapacidad. A su vez, la ley 23.660 (que regula las obras sociales), indica que toda persona con discapacidad debe tener financiado su tratamiento en un ciento por ciento por su obra social (si la tiene) o por el Estado nacional (si carece de obra social).
Además, el tratamiento médico debe contar con un equipo de especialistas y recursos como pañales, sillas de ruedas, transporte hacia el colegio y hasta el propio establecimiento educativo.
“Todas las obras sociales y las empresas de medicina prepaga están en la misma bolsa. Todas se hacen las desentendidas con la responsabilidad que deben tener para con los pacientes, su asesoramiento y cobertura. No corresponde que los padres peregrinen hasta el llanto por el reconocimiento de la salud de su hijo. Juegan con la desinformación de la gente y hacen de esto un gran negocio”, dijo Martims.
Asimismo, dentro de esa cobertura, Martins aclaró que debe incluir al profesional mejor capacitado para dicho tratamiento, “pertenezca a la cartilla de profesionales de la obra social o no”.
Desde la Asociación Civil Centro de Ayuda al Discapacitado ofrecen asesoramiento a los padres y familiares de personas con discapacidad y para ello deben contar en su primer encuentro con el certificado de discapacidad y el escrito médico sobre el tratamiento que requiere. “Del resto nos encargamos con Marisa Malvestitti, y nunca aceptamos un no como respuesta. Tenemos las leyes bien estudiadas para que las obras sociales no hagan más que cumplir con su deber”, advirtió.
Asimismo, Martins sugirió que ante la negativa de una obra social se dirija de inmediato la denuncia a Superintendencia de Salud. De hecho, existe un decreto que afirma que los tratamientos de enfermedades largas como sida, cáncer, fibrosis quística y otras, deben cubrirse al ciento por ciento.
