En el marco del tironeo entre la Nación y las provincias por el reparto de los fondos de coparticipación y previsionales, el senador provincial Miguel Lifschitz celebró ayer la decisión tomada por el gobernador cordobés José Manuel de la Sota de recurrir a la Corte Suprema por una deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) mantiene con la provincia. El planteo se suma al que tomó el gobierno santafesino –no por el mismo concepto–, durante la gestión de Hermes Binner, y que todavía espera una resolución del máximo tribunal de la Nación.
En realidad, el gobierno cordobés reclama el incumplimiento de la Ansés de un acuerdo para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, mientras que el reclamo que Santa Fe llevó a la Corte es por la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078, que prorrogó la detracción del 15 por ciento de la coparticipación federal, con destino al sostenimiento de la Ansés, luego de la estatización de los fondos de las AFJP.
Santa Fe también demanda la falta de cumplimiento del pago del déficit de la Caja de Jubilaciones, pero no es ese el reclamo que llevó al máximo tribunal de la Nación, porque estaría implícito en la resolución favorable de la otra demanda.
Para Lifschitz, la decisión “demuestra que el planteo de Santa Fe no era descabellado ni tenía que ver con diferencias políticas con el gobierno nacional, sino que expresaba una situación de inequidad que se viene dando con las provincias que han mantenido sus cajas de jubilaciones en el ámbito de su jurisdicción”.
“Son cifras muy importantes que permitirían reforzar enormemente el programa de obra pública que está llevando adelante la provincia y posibilitaría cumplir con muchas demandas de las localidades en términos de infraestructura de transporte, saneamiento, provisión de agua potable, energía eléctrica, gas natural y otras necesidades”, imaginó el ex intendente en el escenario de una resolución favorable para la provincia.
Lifschitz reconoció que si Córdoba se suma al reclamo genera más presión sobre la Suprema Corte de Justicia para que finalmente dictamine a favor de los demandantes.
Con acento cordobés
Por su parte, el gobernador De la Sota ratificó que reclamará ante la Corte Suprema de Justicia el pago de una cifra superior a los 1.000 millones de pesos que, por “acuerdos firmados por el sistema de jubilaciones”, le adeudaría la Nación a través de la Ansés.
“Necesitamos que el gobierno nacional nos devuelva lo que es de los jubilados, buscamos que nos devuelvan lo que es nuestro. Ojalá que por el diálogo lo podamos conseguir. Si no es por el diálogo, mi obligación constitucional es iniciar una acción ante la Corte. No tienen por qué enojarse”, indicó el mandatario.
“Tenemos la mejor buena voluntad de seguir dialogando, tratar de ponernos de acuerdo. Hablando la gente se entiende, espero que nos escuchen”, agregó.
Respecto del programa habitacional lanzado por el gobierno de Cristina Fernández con fondos de las jubilaciones, dijo: “Como gobernante y como ciudadano, que haya un plan de viviendas que va a resolver el problema a miles de familias que las necesitan, me parece bien”.
“Ahora –continuó el mandatario cordobés–, si la Ansés tiene 20 mil millones de pesos para construir viviendas, supongo que cuando han hecho los cálculos deben haber descontado primero los mil y pico de millones que nos deben del año pasado, más los 600 millones que nos deben de este año, que nos van a pagar”.
