El gobierno de Uruguay presentó hoy un proyecto integral sobre seguridad ciudadana que adjudica al Estado la venta regulada de marihuana en un intento de desalentar el consumo de pasta base de cocaína, al que se atribuye el origen de muchos de los hechos de violencia ocurridos últimamente.
El proyecto de ley, discutido en varios consejos de ministros y en una comisión integrada por las carteras de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, fue destacado en grandes titulares en los principales medios electrónicos del mundo y despertó de inmediato reacciones a favor y en contra dentro del país.
El plan incluye un conjunto de medidas tendientes tanto a reducir la delincuencia como a penar con mayor severidad ciertos delitos, y contrarrestar la violencia creciente en Uruguay.
Desde hace un mes que las autoridades trabajan en el conjunto de medidas para enfrentar los delitos y actos violentos en general, y una de las iniciativas que trascendió apunta a equiparar el tráfico de pasta base (conocida como `paco´) con el homicidio.
El presidente José Mujica convocó ayer, a través de un mensaje por radio y televisión, a un mes de reflexión. «Parecería que a los uruguayos les cuesta darse cuenta de que el primer valor sobre la tierra es la vida», señaló.
Con motivo del aniversario del nacimiento del prócer José Artigas, Mujica exhortó a la población a repensar sus acciones individuales y colectivas y a tener mayor tolerancia para cuidar la vida, a la que consideró «el bien más preciado».
Las medidas anunciadas incluyen el armado de una red estatal de distribución de marihuana, con control de calidad y venta prohibida a menores, y la conformación de un registro de consumidores.
Las medidas buscan «blanquear» el mercado de estupefacientes, quitándole un importante margen de ganancia a los narcotraficantes y desplazar hacia una droga más blanda a los adictos al `paco´.
A tal efecto, será el Estado el encargado de vender marihuana en locales habilitados, en los que se llevará un registro de consumidores para impedir conductas adictivas.
La calidad de la droga será certificada por el Estado y se establecerá un máximo de cigarrillos por consumidor; aquellos que se excedan deberán someterse a tratamientos de rehabilitación.
Asimismo, el precio de cada cigarrillo será tarifado por el Estado e incluirá impuestos que se destinarán a financiar los tratamientos para rehabilitación de adictos.
Otro de los planes prevé la internación compulsiva de los adictos al paco, para lo cual equipos multidisciplinarios, integrados por personal de Salud Pública y Desarrollo Social, recorrerán zonas para detectar a los menores en esa situación.
El vicepresidente Danilo Astori dijo esta tarde al diario El País que con esta propuesta «se están buscando caminos para enfrentar de la mejor manera posible el consumo de pasta base que tanto daño le ha hecho a Uruguay en los últimos años y que tan asociado al incremento del delito está en nuestro país».
Las medidas anunciadas por el gobierno uruguayo se propagaron rápidamente por los portales noticiosos de internet y las redes sociales, y en Uruguay despertaron de inmediato reacciones de apoyo y rechazo.
Para el psiquiatra Fredy Da Silva, director del centro de rehabilitación de adictos Izcali y jefe del departamento de Salud Mental de la clínica La Española, legalizar la venta de marihuana «es una barbaridad».
«Demuestra la ignorancia de las bases neurobiológicas de las adicciones y también el desconocimiento de los efectos nocivos para la salud de la marihuana», agregó el especialista consultado por El País.
Da Silva destacó que «la marihuana tiene más de 400 productos activos, de los cuales más de 100 son cancerígenos; también disminuye la inmunidad, disminuye el número y la actividad de los espermatozoides, disminuye los ciclos ovulatorios en la mujer y produce cuadros psiquiátricos graves».
En tanto, el referente en políticas contra las drogas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Agustín Lapetina opinó que «la prohibición no ha funcionado como modelo para reducir los riesgos de los consumidores de drogas, y se debe ir hacia la discusión de mercados regulados, donde el Estado tenga un rol central, donde se reduzcan los riesgos para las personas que consumen y se las pueda acompañar y cuidar».
