Los diputados nacionales Ricardo Alfonsín y Fernando «Pino» Solanas manifestaron su «acompañamiento» al reclamo de la CGT de Hugo Moyano por el aumento del mínimo no imponible de ganancias y los topes para asignaciones familiares.
En ese sentido, el legislador radical señaló que tanto la CGT como la CTA opositora y la Unión Industrial Argentina recibieron una copia de su proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación que «promueve una amplia reforma tributaria» y en particular «plantea el sustancial aumento del mínimo no imponible».
Alfonsín destacó, además, que «el proyecto en cuestión le quita al Poder Ejecutivo la facultad y discrecionalidad de decidir los aumentos del mínimo no imponible, ya que la Ley por sí dispondría la actualización de los valores de las deducciones y de la escala con la variación del Índice de Salarios Nivel General que publica el INDEC».
Por su parte, el líder de Proyecto Sur expresó su apoyo a las demandas de los trabajadores «porque son legítimas y van en defensa de la inequidad del Impuesto a las Ganancias y la universalidad del salario familiar»
A través de un comunicado repudió la judicialización del conflicto que lleva adelante el Gobierno.
Solanas instó a la Presidente a «no exacerbar el conflicto» y dar «respuestas concretas a estas demandas porque resulta inaceptable que se le cobre el impuesto a las ganancias a un trabajador que gana 6000 mil pesos mientras que las grandes transacciones financieras están excentas favoreciendo así a las grandes corporaciones».
A su vez, la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, sostuvo que «lamentablemente, el Gobierno vuelve a elegir la criminalización de la protesta, antes lo había hecho con dirigentes políticos y sociales, hoy lo hace con los representantes gremiales o empresariales.
«Los conflictos se resuelven con dialogo y acuerdos y no mandando las fuerzas de seguridad a reprimir las protestas», indicó y propuso una «mesa de diálogo a través de un Consejo Federal, Económicao y Social, en cabeza de la Presidenta de la Nación, para escuchar todas las demandas, fijar condiciones y asegurar derechos y garantizar el bienestar de todos los argentinos».
• Apoyos dividios en la CTA
La CTA opositora que lidera Pablo Micheli ratificó su voluntad para la «unidad de acción» con la CGT de Hugo Moyano, aunque espera una convocatoria formal del líder camionero para adherir al paro, mientras que el titular de la corriente oficialista, Hugo Yasky, denunció un intento de «desestabilización» al Gobierno.
El secretario general adjunto de la CTA disidente, Ricardo Peidro, indicó que la central «ratifica la unidad de acción» con la CGT, pero que se aguarda un contacto directo con Moyano para lograr «una reunión de ambas conducciones» antes de definir su participación del paro y movilización a la Plaza de Mayo el próximo miércoles.
Además, Peidro señaló que para el próximo miércoles «ya estaba convocado con anticipación un paro de ATE» que no incluía una marcha a las puertas de la Casa Rosada, por lo que en caso de plegarse orgánicamente a la medida de fuerza habrá que compatibilizar esas modalidades de protesta.
Por lo pronto, en un comunicado la conducción de la central se «solidarizó» con el gremios de camioneros, destacó «las coincidencias en las reivindicaciones» y reiteró su reclamo al Gobierno para la «eliminación del impuesto a las ganancias» y «universalización de las asignaciones familiares sin topes», entre otros puntos.
A la inversa, Yasky dijo que no comparte «este viraje y cambio de vereda» de la CGT de Moyano, cuestionó que haya comparado al Gobierno con la dictadura y lo acusó de tener objetivos «desestabilizadores».
«Con ningún gobierno en las últimas décadas logramos estos avances para los trabajadores. Los que estamos acá resistimos durante el neoliberalismo y durante la dictadura. Entonces, desde esa autoridad moral, decimos que no vamos a sumarnos a ninguna medida de fuerza en el marco de una acción que claramente tiene un costado desestabilizador», acusó Yasky.
