Luego de un mes de tironeos con los senadores radicales, que habían propuesto una serie de cambios en el texto original, el gobierno de Antonio Bonfatti envió a la Legislatura las modificaciones al proyecto de reforma tributaria. Así, el socialismo buscará destrabar el tratamiento parlamentario de la iniciativa y lograr el cometido que se propuso el mandatario provincial: que el Senado le dé media sanción a la reforma antes del receso invernal.
Los senadores justicialistas, que tienen mayoría en la cámara, habían suspendido la ronda de consultas con entidades agropecuarias y productivas a la espera de que el gobierno de Bonfatti acuerde con sus socios de la UCR los términos de la reforma. Incluso habían pedido que el Ejecutivo retire el proyecto original e ingresar uno nuevo con las modificaciones.
Entre las correcciones que propone ahora el ejecutivo se encuentra la posibilidad de gravar con el impuesto a los Ingresos Brutos –aplicando una alícuota mínima del 0,5 por ciento– a todos los sectores industriales, hoy exentos, dejando a consideración de la Legislatura el piso de facturación a partir del cual comenzarían a tributar. Para la UCR, ese piso debe ser de 50 millones de pesos de facturación anual. El PJ aún no se expidió sobre ese aspecto de la reforma.
El gobierno les remitió a los legisladores una planilla con la recaudación estimada de las industrias radicadas en la provincia para que consideren distintas alternativas. La intención del Ejecutivo es conformar un fondo especial para financiar obras públicas con los recursos que aporte el sector industrial en concepto de Ingresos Brutos.
Cabe recordar que bajo el mandato de Hermes Binner, en tres ocasiones, se intentó gravar a las industrias pero la mayoría del PJ en el Senado lo impidió.
En cuanto al impuesto Inmobiliario Urbano, en el nuevo texto se elimina la modificación de los avalúos y se toman los incrementos en la valuación como valores fictos al sólo efecto del pago del Inmobiliario y de Sellos.
Para el Inmobiliario Rural se reduce la modificación de avalúos de un 15 a un 7,5 por ciento: uno de los reclamos de la UCR. Pero, para no disminuir la recaudación prevista, se modificarán también los rangos para cada alícuota y el valor básico de acuerdo a una tabla.
Uno de los puntos que causó conflicto y que no modificó el gobierno tiene que ver con el revalúo rural, que no evita que los productores con mayor cantidad de tierra deban pagar Bienes Personales, un tributo nacional.
Lo que sí se eliminó es el esquema de incrementos automáticos para los años subsiguientes, un punto que había despertado malestar tanto en la UCR como en el PJ porque lo consideraban una delegación de facultades propias de la Legislatura al Poder Ejecutivo.
Con los cambios propuestos por el gobierno, ahora la pelota quedó en terreno del Senado, cámara de origen del proyecto.
Contando la de hoy, quedan tres sesiones antes del inicio del receso legislativo, que coincide con las vacaciones escolares de invierno. Ese es el plazo que deberá aprovechar el oficialismo si quiere cumplir con el objetivo enunciado por Bonfatti.
