La Justicia –a través del Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 18ª Nominación– ordenó a la Municipalidad de Rosario a no avanzar con el proceso licitatorio y consecuente proyecto para la construcción de cocheras subterráneas en la plaza San Martín, dando lugar a un pedido de vecinos de la zona quienes, a través de la ley 10.000 de intereses difusos, denuncian que las obras afectarán a los inmuebles del lugar así como también al medio ambiente.
Esta es una decisión provisoria que se mantendrá hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Cabe destacar que el fallo no impide –ni pretende tampoco– que el tema sea tratado y discutido en el Concejo Municipal.
El municipio, por su parte, defendió el proyecto y dijo que continuará con “los procesos legislativos donde se decidirá la aprobación o rechazo de un proyecto de ordenanza”.
En el fallo de la jueza Susana Gueiler se lee que “será resuelta oportunamente la acción de fondo. Entiende este juzgador que es atribución exclusiva del Concejo Municipal de esta ciudad decidir cuales serán las materias o proyectos a debatir y la oportunidad en que ha de realizarse dicho debate. Es más, y tal como afirma la accionada, podría ocurrir que como consecuencia de la deliberación el proyecto aquí cuestionado no se apruebe o lo haga con modificaciones lo cual tornaría la acción promovida en los presentes en abstracta”.
“Conforme a lo expresado entiende este sentenciante que la medida cautelar prevista en la ley 10.000 ha de aplicarse ordenando a la accionada evitar la ejecución del proceso licitatorio y consecuentemente del proyecto para la construcción de cocheras subterráneas en las ubicaciones cuestionadas en el presente, debiendo mantener el status quo imperante hasta tanto se dicte resolución definitiva en autos más no suspender la deliberación del Consejo Deliberante al respecto”, se agrega.
Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio respondieron que “una vez que se emita la resolución del Concejo, se resolverá solicitar el relevamiento de cumplimiento de la medida cautelar”.
Además, desde el municipio sostienen que “por las características del pliego licitatorio para la ejecución de la futura obra pública, se respeta el entorno y la superficie de la plaza, sin afectarse los edificios circundantes ni las especies vegetales”.
Se señaló también que “si el Concejo aprueba el proyecto y finalizado el proceso licitatorio, debería realizarse y aprobarse por el Ministerio Provincial de Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental; rebatiendo completamente los argumentos que originaron la presentación de la demanda, que sostiene que tal proyecto implicaría afectar el patrimonio urbanístico y arquitectónico del entorno de la Plaza San Martín, además de no cumplir los fines de ordenamiento del tránsito en el macrocentro”.
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