La esposa de un hombre que quedó discapacitado tras sufrir un accidente en un partido de polo, denunció que es víctima de un avasallamiento de derechos por parte de su suegro, quien se llevó a su marido sin su autorización a la ciudad de Córdoba, cuando el hombre estaba recibiendo un tratamiento médico en su hogar conyugal.
El suegro de la denunciante comenzó la batalla legal a poco de ocurrido el accidente, pero sólo logró que los jueces rosarinos lo excluyeran del hogar familiar y le fijaran un régimen de visitas.
Sin embargo, el hombre realizó una denuncia en la Justicia federal de Córdoba y logró el traslado de su hijo sin la autorización de su nuera. La batalla legal recién empieza.
Gisela la Menza e Ignacio José Ballesteros se casaron el 31 de marzo de 2010. El 11 de diciembre de ese año, Ignacio tuvo un accidente en el que sufrió un severo traumatismo que lo dejó en situación de discapacidad, por lo que no puede bastarse a sí mismo y su diagnóstico es cuadrispesia espástica.
“Deseo convocar a la opinión pública en general para que apoyen mi justo reclamo contra el atropello a mis derechos y los de mi marido cuyo responsable es mi suegro, a partir de que decidí en primer término –luego de la urgente cirugía que se le practicó en el Hospital Austral– continuar su tratamiento en el Instituto de Rehabilitación Fleni, Buenos Aires”, manifestó la esposa de Ballesteros.
En diálogo con El Ciudadano, La Menza, de 31 años, recalcó que cuando se produjo el accidente su suegro quiso imponerle su criterio de internación en un instituto privado de la zona norte de la ciudad de Córdoba. Pero ella practicó las averiguaciones pertinentes y estimó como mejor alternativa de tratamiento el Instituto Fleni. No obstante, su suegro pretendió nuevamente imponer su criterio por vía judicial, en el Tribunal de Campana (ya que la pareja recién casada vivió primero en provincia de Buenos Aires) pero fue rechazado en todas las instancias, reconociendo la prioridad natural y legal que como esposa le corresponde para decidir.
Ballestero pasó siete meses internado en el Fleni. Después, los médicos aconsejaron una internación domiciliaria por lo que la mujer decidió trasladarlo a su ciudad natal, Rosario.
La Menza explicó que los padres de su esposo lo frecuentaron en Rosario hasta noviembre de 2011. Es que en esa fecha el hombre fue internado en el Sanatorio Parque para operarlo, porque en el momento del accidente le sacaron el hueso frontal y parietal para descomprimir, y tenían que ponerle la prótesis.
“En ese momento, el padre de Ignacio le envió una carta documento a la médica clínica, diciéndole que la hacía responsable por la salud de su hijo y que no tenía la suficiente experiencia, la médica se asustó y renunció. También le mandó una carta documento al neurocirujano.
Y dos días antes de la cirugía, mandó una carta documento al hermano de Ignacio, en carácter de heredero forzoso, y lo intimó para que le informe sobre los bienes que poseía su hijo. A partir de todo esto, el juez le prohibió la entrada al padre, y a la madre le permitía visitarlo con asistente social”, relató la mujer.
Pero el problema siguió. “El 11 de junio pasado, llegó la Policía Federal a mi casa con un oficial de justicia, los padres de mi esposo y dos abogadas a decirme que se lo venían a llevar. Le expliqué que soy la esposa, la curadora y con una orden de un juez federal se lo llevaron como si fuera un mueble, sin indicaciones médicas lo cargaron en la ambulancia y se lo llevaron a Córdoba. Llamé a mis abogados, pero no los dejaron entrar”, explicó La Menza.
Actualmente, Ballesteros está internado en un geriátrico –centro de rehabilitación “Vida Plena” en Córdoba.
“Nos enteramos que el juez de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, había dictado una medida de no innovar por un mes, eso significa que no se puede hacer nada y tienen que quedar las cosas en el estado en el que están. Lo más terrible es la forma en cómo se lo llevaron a mi marido y el abuso de la situación. El juez ya tendría que resolver esto, necesitamos una respuesta urgente. La defensora del juzgado federal de Ignacio, Mercedes Crespi, apeló la medida de no innovar y no se la respondieron. Nos divorciaron de prepo, ya que Ignacio no puede decir ni hacer nada. Y la última decisión que tomó, antes del accidente, fue casarse conmigo, estuvimos felices ocho meses y hace un año y medio que estoy tratando que se recupere y no le dan valor a eso”, concluyó La Menza.
