El gobierno de Paraguay «deploró» que el Mercosur haya decidido «incorporar a un nuevo miembro antes de culminar el trámite legislativo necesario para el efecto» y dijo que la decisión «carece de validez jurídica».
Tal decisión, adoptada en Mendoza durante la cumbre de presidentes del bloque regional, viola el artículo IV del Protocolo de Ushuaia que «exige realización de consultas con el Estado afectado, lo que no se llevó a cabo», señala un comunicado oficial divulgado por la Cancillería paraguaya.
El canciller, José Fernández Estigarribia, afirmó: «Nosotros estamos en el Mercosur. A nosotros no nos dejan entrar». Agregó que van a seguir estando en el Mercosur «hasta que el pueblo paraguayo decida si continúa o no».
Cuando se le preguntó de quién depende permanecer o salir, el canciller respondió: «Del pueblo paraguayo que con su comportamiento y ejemplo les va a demostrar que tienen una percepción equivocada de lo que pasa en Paraguay».
«Y el funcionamiento de nuestras instituciones les va a convencer. Sin ese respaldo será difícil», comentó.
Estigarribia no descartó que al retornar al bloque de integración regional pidan la expulsión de Venezuela. «Tarde o temprano entraremos de nuevo al Mercosur. Y cuando estemos adentro vamos a estudiar cada una de las resoluciones que se hayan adoptado y las aceptaremos o no en función de los intereses superiores de la república».
Dijo que el trámite legislativo para la incorporación de Venezuela no se completó en su país por que «fue el gobierno del ex presidente (Fernando) Lugo el que retiró el mensaje que establecía la incorporación» de ese país. «No fue este gobierno», subrayó.
EL canciller de Paraguay pidió tiempo para reflexionar serenamente sobre las medidas a tomar. Corresponderá «informar al presidente para determinar los pasos a dar», pero aclaró que «a partir del domingo habrá de concentrarse en la visita de la misión de la OEA». «Y me imagino que vendrá también una resolución de Unasur», completó.
Previamente, Fernández Estigarribia dio lectura a un comunicado de cinco puntos en el que sostuvo que la medida de suspender a Paraguay del Mercosur, tomada por Argentina, Brasil y Uruguay, «no solo es ilegal sino ilegítima y violatoria del debido proceso» y por lo tanto «carece de validez jurídica».
Reitera luego que «en Paraguay no se produjo una ruptura del orden democrático; por el contrario las instituciones están en plena vigencia y garantizados los derechos fundamentales».
