Según fuentes judiciales, la Sala II del Tribunal desestimó, también, un pedido de recusación para que los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun se apartaran de esa causa.
El defensor de Menem, el abogado Pedro Baldi, había reclamado la intervención de la Cámara de Casación Penal para que revocara el procesamiento de actual senador nacional por La Rioja, dictado en primera instancia por el juez federal Norberto Oyarbide y ratificado en diciembre último.
Irurzun y Cattani concluyeron que el recurso de casación presentado por la defensa de Menem era «inadmisible» porque estaba dirigido contra una resolución que no es sentencia definitiva ni impide la continuación del sumario penal.
Los camaristas habían sido recusados por la causal de «prejuzgamiento», porque, mientras se hallaba en pleno trámite un pedido de prescripción de la acción penal, confirmaron el procesamiento de Menem.
Para la defensa, la confirmación del procesamiento implicaba haber descartado el planteo de prescripción de la acción penal.
Irurzun y Cattani negaron haber adelantado opinión y recordaron que, «cuando en diciembre de 2008 ratificaron los procesamientos de otros imputados (entre ellos el del ex secretario Comunicaciones Germán Kammerath) aclararon que la cuestión sobre la extinción de la acción por el transcurso del tiempo se iba a resolver en otro incidente».
Menem, según expuso Oyarbide en febrero de 2008, cuando lo procesó por administración infiel agravada por ser en perjuicio del Estado, con un embargo de 200.000.000 de pesos, habría favorecido a TSA que, a la par que percibía una multimillonaria contraprestación, incumplía con sus obligaciones contractuales.
«Puede considerarse -dijo luego la Sala II de la Cámara- que TSA incumplió la prestación principal del contrato al no entregar el sistema informático comprometido, tanto conforme a los términos originales del acuerdo -80 días desde la entrada en vigencia- como a la posterior reprogramación de plazos» aprobada por resolución de Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
Al ex presidente se le atribuye responsabilidad por la firma del decreto 127/98 que convalidó «un procedimiento licitatorio sumamente irregular» y omitir los «resguardos necesarios para proteger el interés público involucrado, siendo perjudicado de este modo el Estado Nacional», acotó entonces el tribunal.
«Menem -agregó- realizó un aporte no solo a través de una convalidación de un proceso licitatorio cuestionable, sino que violando los deberes a su cargo no dispuso las medidas indispensables para asegurar una adecuada gestión del espectro (radioeléctrico) y su inacción fue perjudicial para el Estado».
Menem, en los convenios luego anulados por Kirchner, había concedido a TSA, hasta 2012 y a cambio de 500.000.000 de dólares «los servicios de administración, gestión, control y comprobación técnica de emisiones del espectro radioeléctrico», tarea que habitualmente queda en manos del Estado.
