El ex policía y personal civil de inteligencia (PCI) Juan José Luis Gil negó ayer las acusaciones en su contra del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que comenzó a juzgarlo por amenazas contra investigadores de causas por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Reconquista durante la última dictadura.
Gil, de 67 años, negó ser quien abrió la cuenta de correo electrónico desde la cual se enviaron amenazas contra los fiscales federales Roberto Salum y José Ignacio Candioti, y otras personas vinculadas con un juicio por delitos de lesa humanidad en Reconquista.
El imputado negó ser quien abrió la cuenta de correo negritovega16@yahoo.com.ar, de la que partieron las amenazas a militantes de organismos de derechos humanos y querellantes de la denominada Causa Número 50 “Base Aérea”.
Mediante los correos, firmados por una presunta organización secreta llamada “La Hermandad”, se acusaba a los funcionarios judiciales de que era una “causa armada” por la Fiscalía, aunque la amenaza más fuerte daba cuenta de la “ejecución” de los fiscales Candioti y Salum, y del abogado Gabriel Hernández.
Gil fue procesado en diciembre de 2009 por el juez federal de Reconquista, Mario Alurralde, por los delitos de “amenazas y coacciones agravadas”, luego de dar por probado que algunos mails salieron desde la conexión de la empresa Arnet a nombre del acusado.
Los delitos que se le imputan tienen una pena prevista que va de los cinco a los diez años de prisión.
Desde la querella, Daniel Boccoli, director del Programa Provincial de Protección de Testigos y Querellantes, consideró que se trata de “una causa muy importante porque es la primera en la Argentina en la que se va a juzgar el delito de amenazas en el curso de un juicio por delitos de lesa humanidad”.
“Vamos a ver qué resultado tiene este juicio, los jueces dirán, pero con esto lo que está diciendo es que no hay impunidad para hechos del pasado y tampoco del presente, porque éste es un hecho del presente”, añadió.
Boccoli dijo que “las amenazas hacían referencia a un supuesto grupo de Reconquista, que se autodenomina La Hermandad y lo que tenían eran amenazas concretas diciendo que no se investigara, que no se avanzara en la investigación de delitos de lesa humanidad”.
En la primera jornada se realizó la lectura de la elevación a juicio y la declaración del imputado. Uno de los testigos, Héctor Raúl Borsatti, miembro de la Agrupación Norte Amplio, dijo que “personal informático de la Policía” comprobó que los correos amenazantes “fueron armados en un cíber vecino al domicilio del imputado, pero el imputado los abría en su propio domicilio”.
La pesquisa determinó que los correos electrónicos de tono amenazante, enviados entre abril y junio de 2009, se originaron en la casa de Gil y desde un cibercafé ubicado a pocos metros, por lo cual fue apresado el 6 de octubre del mismo año.