Si de novedades políticas se trata, la semana que pasó se formalizó el vínculo del ex compañero de fórmula de Miguel del Sel, Osvaldo Salomón, como referente de los hermanos Rodríguez Saá en Santa Fe. No es que el pase del ex presidente comunal de Chabás vaya a sacudir el mapa político provincial, sino que abona los rumores de que su esposa, la diputada Miriam Cinalli, tiene ahora la excusa perfecta para salirse del sub-bloque del PRO-Federal y armar un bloque unipersonal, que podría ser el tercero bajo el paraguas del PRO o el ¡décimo! del PJ, según donde elija ubicarse.
Esa Legislatura donde conviven entre 9/10 sub-bloques justicialistas; 2/3 del PRO y un interbloque oficialista que contiene al menos siete subsectores partidarios vuelve a la actividad esta semana con dos temas grossos en agenda.
Pensiones
Sectores de la oposición, en especial, su promotor el diputado del Movimiento Evita Gerardo Rico, tienen expectativas de conseguir el dictamen final para el proyecto que otorga pensiones a ex presos políticos, similar al vigente en provincia de Buenos Aires.
Antes, los diputados deberán saldar un par de debates. Por un lado están quienes creen que la pensión debe otorgarse como un reconocimiento al encarcelamiento en el marco de la represión ilegal del Estado. Otros opinan que sólo debería destinarse como un sostén para aquellos que nunca lograron rearmar un proyecto de vida con un pasar económico mínimo.
El debate confluyó sobre la primera postura. Pero ahí se abre entonces la discusión sobre cuál es el universo de beneficiarios. El oficialismo pretende la conformación de un padrón para evitar beneficiar a quienes no son objeto del proyecto, similar a lo que se hizo en el anterior período con los empleados del Estado cesanteados durante la dictadura.
En definitiva, no se trata de una discusión económica (cada pensión sería el equivalente a una o dos jubilaciones mínimas de la provincia, aunque falta cerrarlo) sino de raíz política, delicada, muy sentida, en la que es importante no caer en maniqueísmos.
Las víctimas, los colaboracionistas y los juicios a los responsables directos de la represión son parte viva de una sociedad, y por tanto es más que legítimo el debate en cuestión. En cambio es un error pretender denostar al adversario político, más si durante décadas fue compañero de ruta, amplificando imputaciones a la bartola que lanzan asesinos y sus defensores.
Reforma, segundo round
Otro tema central, más tirante, es la llegada de la reforma impositiva a la Cámara de Diputados. El Frente Progresista cuenta allí 15 votos propios contra 26 que necesitará si hubiera asistencia perfecta. El socialista Eduardo Di Pollina y los radicales Santiago Mascheroni y Darío Boscarol deberán conseguir la decena de votos que les faltan entre los sectores del PJ que reconocen la necesidad de actualizar impuestos y dotar de recursos al Estado provincial.
El obeidismo, el grupo de María Eugenia Bielsa y los referentes de 100% Santafesino ya adelantaron su rechazo. En cambio, el Frente para la Victoria, el sector sindical vinculado a UPCN y el Movimiento Evita aceptan discutir el proyecto y quieren modificaciones. A diferencia de aquellos, éstos, por las características de su desarrollo político, no ignoran la realidad de los municipios, o el peligro de desfinanciar al Estado.
Ahora viene una ardua discusión en las comisiones. Tanto el Evita como el FPV han expresado diferencias con lo votado por los senadores, así que es esperable que reabran algunos aspectos que los senadores clausuraron, entre ellas el avalúo de las propiedades rurales y la eliminación de exenciones impositivas a algunos sectores o eslabones de la industria. Todo indica que el proyecto deberá volver al Senado.
Chiste de Gallego
El gobernador Antonio Bonfatti disertará hoy ante empresarios en Córdoba. No les dirá nada que ya no hayan escuchado de su propio gobernador, aunque a diferencia de Santa Fe, que por un lado reclama deudas y coparticipación completa a la Nación y por otro intenta incrementar ingresos propios, José Manuel de la Sota concentró en “la plata que Córdoba le prestó al gobierno nacional”, como irónicamente se refiere a la deuda de 2.000 millones que reclama.
De la Sota dijo la semana pasada en la Rural que siempre trabajó “para bajar impuestos, de ninguna manera se me ocurriría subirlos”. Afirmó que en Córdoba “la gente paga los impuestos más baratos del país” y que “hace ya más de trece años que rebajamos el 30 por ciento todos los impuestos y no los vamos a subir nunca más…”.
De la Sota –lógico– opera con el chip de tiempos que en el contexto de la convertibilidad llevó a la desgravación progresiva de distintas actividades económicas, pero que en la actualidad no se justifica. En Santa Fe, el discurso que postula lo indeseable que es cobrar impuestos dejó de ser gobierno el 10 de diciembre de 2007, cuando ya había quienes proyectaban la actual falta de recursos si no se corregía esa política: nadie sobrevive con la estructura recaudatoria de los 90 en una economía que es otra y con 22 por ciento de inflación al año.
De la Sota se ufana como lo hace porque reformas impositivas como la que intenta Santa Fe ya la hicieron sus antecesores, y porque cuenta con una mayoría legislativa que le da mucho margen de maniobra.
Esa no es la realidad de Santa Fe. Aquí, hasta 2007 fue mala palabra aumentar impuestos; luego, ya en la oposición, el justicialismo bloqueó dos reformas impositivas integrales. Deshacer ese camino, poner los pies sobre la tierra, ahora implica más que sentarse a una mesa de negociación política. Es una lucha cultural que fricciona con los De la Sota, que implica explicarle a la sociedad que un Estado no puede atender las demandas si los sectores de mayor rentabilidad aportan poco o nada a sus ingresos.
Provincias-Nación
La estrechez del sector público reactivó las tensiones provincias-Nación y el debate sobre qué tan maltrecho está el federalismo. Es evidente que la Nación está en deuda, que avanzó en la captación de recursos, que define arbitrariamente a su conveniencia política dónde, cuánto y con quién dispone las ayudas financieras extras y las inversiones sociales y de infraestructura que motoriza con fondos especiales. Pero no menos cierto es que para los gobiernos provinciales prefieren sumarse a coro contra la Casa Rosada que cobrarles impuestos a los grupos de mayor capacidad contributiva, ya sea porque son los que tienen mayor capacidad de lobby, porque son aliados estratégicos, porque pueden mellar la base de sustentación electoral, o directamente por intereses económicos, ya que en muchos casos son los que luego dan sustento financiero a sus campañas electorales.
