El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, afirmó ayer que la entidad actuó en forma “transparente y ajustada a derecho” en la causa Ciccone Calcográfica y remarcó que el requerimiento de la Fiscalía ya consta en el expediente judicial “desde el 5 de marzo” pasado, aunque se ventiló como primicia el jueves pasado.
“Estamos a disposición de la Justicia para esclarecer las dudas que pudieran surgir en el caso Ciccone aunque es importante aclarar, una vez más, que todas las decisiones se tomaron en el marco del artículo 32 de la ley de Procedimiento Tributario”, indicó ayer Echegaray en conferencia de prensa, tras anunciar los resultados de la recaudación impositiva de julio (ver aparte).
El funcionario destacó la importancia de distinguir la diferencia entre una moratoria y un plan de pagos y sugirió que la “Justicia, posiblemente, carezca de algunos datos técnicos para evaluar el alcance del artículo 32 de la ley de Procedimiento Tributario, que permite conceder facilidades para el pago de tributos, intereses y multas”.
Precisamente lo que “hicimos con Ciccone fue concederle un plan de facilidades de pago, en el marco de la ley, en función de cumplir con el objetivo primario de asegurar la recaudación, procurando conservar el funcionamiento de la empresa y las fuentes de trabajo”, subrayó el funcionario.
“La Afip ha recaudado más de 7 millones de pesos por el plan de pagos de Ciccone, algo muy distinto a una moratoria, ya que no hemos condonado ni intereses ni multas”, agregó.
El fundamento de la solicitud del levantamiento de quiebra de Ciccone, medida dispuesta por la Justicia el 24 de setiembre de 2010, “es eminentemente recaudatorio”, dijo Echegaray.
El funcionario recordó que además de aportar a la “Justicia federal copia completa del expediente Ciccone Calcográfica el 5 de marzo, unos días después, precisamente el 14 de marzo, se remitió copia de las actuaciones completas de la Afip de las 1.509 empresas con deuda concursal a las cuales se les otorgaron planes de facilidades de pago”.
“Esperamos que la Justicia se tome el tiempo adecuado para evaluar jurídicamente, sacando la parte política, la respuesta de la Afip, que fue transparente y ajustada a derecho”, concluyó Etchegaray.
