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El Gobierno intervino la ex Ciccone y envió proyecto de expropiación al Congreso

El Poder Ejecutivo dispuso la intervención y envió al Congreso el proyecto de ley de Declaración de utilidad pública sujeto a expropiación de la empresa. El interventor será el ministro de Economía Hernán Lorenzino.

El Gobierno nacional intervino la calcográfica ex Ciccone y propuso expropiarla a través de una ley. Según reveló un comunicado de prensa del Ministerio de Economía el Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 1338/12 «mediante el cual se dispone la intervención de Compañía de Valores Sudamericana S.A.», actual nombre de la histórica imprenta. Otro DNU, el 1337/12, envía al Congreso nacional un proyecto de declaración de «utilidad pública y sujeto a expropiación» de la empresa.

Hasta que la norma entre en vigencia la intervención estará a cargo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino y de la titular de Casa de Moneda, Katya Daura.

El comunicado justifica la medida en que «el Estado considera primordial continuar recuperando capacidades que son competencias indelegables e insustituibles como es la acuñación de moneda de acuerdo a la Constitución» y que «esta facultad había sido tercerizada en la década del 90 en detrimento de Sociedad del Estado Casa de la Moneda».

Por ese motivo, plantea «recuperar estas facultades» a través de la aprobación del proyecto de ley que «dispone que la totalidad de los bienes de la empresa pasen a formar parte del patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de Moneda».

La iniciativa ordena al Tribunal de Tasaciones de la Nación «la evaluación del precio actual de la empresa que será pagado con la deuda que Compañía de Valores Sudamericana S.A. registre ante la AFIP».

El comunicado informó que Lorenzino y Daura «garantizarán a todos los trabajadores de la empresa la continuidad laboral» y conservación de «todos los derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial que poseen en la actualidad y la vigencia de su convenio colectivo de trabajo».

Además, el proyecto de ley dispone informar al juzgado nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 8 a cargo de Javier Cosentino sobre la situación y solicita una auditoría integral a la Sindicatura General de la Nación, de Daniel Reposo.

«El Estado debe mantener la soberanía monetaria y por ello es imprescindible concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad. Con esta medida la capacidad de Sociedad del Estado Casa de Moneda se ve ampliada, lo que permitirá abastecer al Banco Central de la República Argentina disminuyendo su necesidad de recurrir a proveedores internacionales», concluyó.

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