La Legislatura unicameral de Córdoba se aprestaba al cierre de esta edición a transformar en ley el proyecto que envió del gobernador José Manuel de la Sota para denunciar el Pacto Fiscal firmado por las provincias y la Nación en 1992.
La “denuncia” de aquel acuerdo, a través de una ley provincial, da por finalizada su vigencia, con el objetivo de que el gobierno nacional deje de retenerle el 15 por ciento de la coparticipación que Córdoba y el resto de las provincias argentinas cedieron hace 20 años para el sostenimiento del sistema previsional nacional.
En ese momento, los estados provinciales cedieron ese porcentaje para contrarrestar el desfinanciamiento que afrontó el sistema nacional por la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que se llevaban los aportes de los trabajadores en actividad.
Reestatizado el sistema, en noviembre de 2008, ese 15 por ciento no volvió a las provincias, a pesar de que, como en el caso de Córdoba, muchas tienen su propio sistema previsional desfinanciado, situación que motivó que el ex gobernador Hermes Binner realizara una presentación ante la Corte Suprema de Justicia en 2009.
El proyecto presentado ayer por el gobierno de José Manuel de la Sota, que estuvo presente en la Legislatura, tiene cuatro artículos y establece que la denuncia se hace a partir del “presente ejercicio fiscal” y que se requerirá “el cese inmediato y automático de la detracción sobre la masa bruta de impuestos coparticipables”.
Del mismo modo, especifica que los recursos de la coparticipación cedidos por Córdoba serán destinados a la Caja de Jubilaciones provincial, “hasta la concurrencia de los déficits que dicho organismo registra. El remanente formará parte de los recursos que, por ley, se coparticipen con los municipios y comunas de Córdoba”.
Esta ley se suma a la presentación que realizó la semana pasada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el gobierno de De la Sota, en reclamo del pago del déficit de la Caja de Jubilación en 2011, por una cifra de 1.040 millones de pesos (ver abajo).
El miércoles pasado De la Sota envió a la Legislatura el proyecto de ley que la provincia se aprestaba a aprobar anoche, para utilizarlo como prueba y antecedente en un eventual reclamo de esos recursos ante el máximo tribunal judicial de la Nación.
Así lo afirmó ayer el legislador provincial oficialista Ricardo Sosa, quien dijo que la ley “se necesita para reclamar” ante la Corte los recursos que son de la provincia.
