El proyecto para expropiar la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone) y declarar de utilidad pública la emisión de papel moneda obtuvo dictamen favorable en el Senado durante un plenario de comisiones, con el cual el oficialismo dio un paso esencial para poder sancionar el proyecto la próxima semana.
El oficialismo logró el dictamen, en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, con el apoyo de Luis Juez (FAP); Juan Carlos Romero (peronismo federal), Samuel Cabanchik (Coalición Cívica), que se debatirá el jueves en el recinto de sesiones.
Los bloques de la UCR, del FAP y de la Coalición Cívica anticiparon que rechazarán el proyecto, aunque el senador del FAP, Juez, disintió con sus colegas y sostuvo que, aunque coincide con «algunas de las críticas», votará a favor de la iniciativa oficial.
En nombre del peronismo federal, el salteño Romero anticipó que acompañará la iniciativa al recordar que, al igual que Juez, había presentado un proyecto de similares características al planteado por el Poder Ejecutivo.
El senador Aníbal Fernández fue el encargado de defender el proyecto de expropiación al señalar que el objetivo del Gobierno es «recuperar para el Estado las capacidades indelegables e instituibles como la emisión de la moneda de curso legal».
Fernández aseguró que el monto de valor de la deuda que la ex Ciccone tiene con la AFIP es de «250 millones de pesos» y advirtió que ese punto se tendrá en cuenta a la hora de la tasación de la firma.
Fernández afirmó que «es imperioso saber quiénes son los responsables» de la empresa y señaló que el hecho de que el Gobierno haya intervenido la compañía facilitará «el poder conocer quiénes son los responsables».
El senador explicó que los bienes de la ex Ciccone «pasarán a formar parte de la Casa de la Moneda», aseguró que «se les garantizará a los empleados las condiciones laborales» y afirmó que esa institución «cuenta con los recursos para la emisión de moneda».
Fernández cuestionó el hecho de que «durante años se haya intentado menoscabar a la Casa de la Moneda, buscando que no pudiera tener la capacidad de funcionar activamente de forma tal que no tuviera más remedio que contratar en el exterior»
Recordó, en ese sentido, que durante décadas se encontraban «sorpresas donde misteriosamente la Casa de la Moneda perdía licitaciones por centavos» y cuestionó que se le haya otorgado la facultad de imprimir billetes a la firma Boldt que fabrica «fichas de casino».
El jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Pichetto, advirtió que «el deterioro sistemático (de la Casa de la Moneda) no fue patrimonio de un sólo gobierno sino de la falta de asignación presupuestaria que comenzó en la década de los 90, con nuestro gobierno, y siguió con el gobierno de (Fernando) De la Rúa».
«Esto gravitó para que la Argentina tuviera que recurrir en varias oportunidades a la emisión de moneda con Brasil», opinó, y explicó que «el equipamiento de alto nivel tecnológico que tiene Ciccone recupera para el Estado la soberanía en la emisión de papel moneda».
Sobre los pedidos de citación de funcionarios nacionales, Pichetto recordó que «ninguno de los dos están imputados sino sólo mencionados en la causa» y aclaró que el proyecto gubernamental «no va a impedir de ninguna manera que el proceso judicial continúe».
En representación del radicalismo, el senador radical Ernesto Sanz adelantó hoy que la UCR «no va a acompañar» el proyecto de expropiación y consideró que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura, debían concurrir a dar informes al Congreso sobre la intervención de la compañía.
La UCR también reclamó citar al jefe de la AFIP, Ricardo Etchegaray, y al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.
«Queremos estar lo más lejos posible de esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo», sostuvo Sanz, mientras que el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, calificó de «bochorno» el proyecto.
En el texto de la iniciativa, el Gobierno fundamentó la intervención y eventual expropiación en la necesidad de «mantener la soberanía monetaria» y de «concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad».
En sus fundamentos, recuerda que esa facultad fue tercerizada durante los gobiernos del peronista neoliberal Carlos Menem.
El Poder Ejecutivo encargó al Tribunal de Tasaciones de la Nación que evalúe el precio de la empresa y estipula que el mismo será pagado con la deuda que Compañía de Valores Sudamericana tiene con el fisco.
