Otro golpe contra la prostitución ocurrió anteanoche en un prostíbulo ubicado en barrio Pichincha, donde nueve mujeres fueron liberadas y tres personas quedaron detenidas por violar la ley de profilaxis al cabo de un allanamiento en la whiskería El Escondite.
El negocio fue clausurado. Ubicado en Callao 78 bis, estaba habilitado como whiskería o cabaret, uno de los rubros que permiten las ordenanzas pero que en muchos casos son la pantalla para actividades de prostitución e incluso de trata de personas. En efecto, en el baño de mujeres de El Escondite había un tabique detrás del cual se encontraban las jóvenes ejerciendo la prostitución, según indicó el encargado de Inspección de Comercios, Industrias y Servicios municipal, Gregorio Ramírez, a El Ciudadano.
“En un operativo conjunto con Mónica Viviani (jefa de la División especial de apoyo y coordinación para la prevención y lucha contra la trata de personas de la Policía), acompañamos una orden de allanamiento para este lugar que ya venía siendo investigado por el Ministerio de Seguridad provincial”, explicó Ramírez.
La comisaria Viviani indicó que los tres propietarios del lugar, dos hombres y una mujer mayores de edad, quedaron detenidos. Al momento del allanamiento, agregó, tenían retenidos los documentos de las nueve mujeres presentes en el local, tres de ellas de nacionalidad paraguaya. Añadió que su repartición realizó un “trabajo de campo previo” que le permitió determinar “que en la whiskería se estaba ejerciendo la prostitución y violando la ley de profilaxis”.
Tras esa comprobación, se dio intervención al Juzgado Correccional 5ª de los Tribunales Provinciales, a cargo de Carlos Leiva, y a la Fiscalía de causas con imputados no individualizados, que encabeza Marcelo Vienna.
Tras el procedimiento, la Municipalidad clausuró el local e inició una investigación administrativa por presunta violación a la ley 12.331, conocida como de profilaxis y que contempla la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Las tres personas que regenteaban la whiskería quedaron imputadas por violación a esa norma.
Por su parte, las nueve mujeres liberadas fueron derivadas por la Defensoría del Pueblo provincial a lugares de asistencia. Allí se les brinda asistencia psicológica inmediata dentro de los protocolos nacionales e internacionales que se utilizan para estos casos.
Viviani aclaró que las jóvenes son víctimas: personas vulnerables a este tipo de situación. “Aún no se pudo determinar si estaban ahí contra su voluntad o no, pero está clara que aquí se aprovecharon de ellas”, manifestó en consonancia con Ramírez, quien añadió que es muy difícil determinar si los dueños del lugar obligaban a las chicas a ejercer la prostitución.
