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En Buenos Aires reclama la oposición

Presentarán demanda en la Corte por los ingresos de la Coparticipación.

Legisladores bonaerenses de la oposición reclamarán hoy ante la Corte Suprema de Justicia, que el Estado nacional restituya el 15 por ciento de los fondos de Coparticipación que retiene a la provincia para financiar el sistema previsional. La presentación será concretada por el jefe del bloque PRO-peronista por la provincia, Marcelo Di Pascuale, y la diputada del PRO, Nancy Monzón, quienes también abogan por la renuncia al Pacto Fiscal de 1992, una medida que ya concretó la provincia de Córdoba.

La presentación estará acompañada por los presidentes de las bancadas opositoras, junto a los senadores Alfredo Mecjievi (Unión Pro-peronista), Carlos Fernández (UCR), Ricardo Vázquez (Generación para un Encuentro Nacional, GEN), Santiago León Nino (UCR) y María Inés Gainza (Coalición Cívica).

“Como representantes del pueblo, resulta una obligación intervenir activamente para que los recursos de la provincia de Buenos Aires vuelvan a manos de la provincia, ya que no es otra cosa que devolverle a los bonaerenses lo que les corresponde”, expresaron los diputados del PRO en un comunicado.

Según Di Pascuale y Monzón, “hoy más que nunca hay que poner el asunto en la agenda política y dar el debate”.

“Estamos frente a una provincia con serios problemas financieros, que se ponen de manifiesto cuando resulta una tarea titánica pagar los aguinaldos de los trabajadores; se establece el cese de pago a proveedores escolares; se para la obra pública en rutas provinciales por falta de depósitos y se persigue a los docentes para achicar el gasto en educación”, añadieron.

Los legisladores destacaron que “lo que se pretende es impulsar una acción positiva que permita avanzar hacia un sistema de reparto mucho más equitativo de los recursos, es decir, en el fortalecimiento de las autonomías provinciales y, por tanto, en el robustecimiento del federalismo”.

El reclamo de los legisladores bonaerenses se suma a la línea adoptada por los gobiernos de las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis.

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