Cuatro imputados comenzarán a ser juzgados por un tribunal de Mercedes, acusados del triple crimen de General Rodríguez, en el que fueron asesinados en 2008 los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, informaron fuentes judiciales.
El debate se iniciará a las 10 en el edificio judicial ubicado en calle 27 número 600 de esa ciudad bonaerense, a 95 kilómetros de la Capital Federal, donde el Tribunal Oral en lo Criminal 2 tiene previsto escuchar a casi 400 testigos durante al menos dos meses.
Los jueces que intervendrán son Fernando Bustos Berrondo, Graciela Larroque y Marco Barski, en tanto como fiscales actuarán Marcela Falabella y Juan Bidone, éste último titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que instruyó la causa.
Los imputados que serán juzgados son dos pares de hermanos, Víctor (30) y Marcelo Schillaci (31), y Cristian (37) y Martín Lanatta (38), éste último el único que permanece detenido por el caso, ya que los dos primeros llegarán al debate en libertad y el otro tiene prisión domiciliaria.
Todos están acusados de ser coautores de «privación ilegal de la libertad agravada por su comisión mediante violencia y amenazas, en concurso real con homicidio agravado por su comisión con ensañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de más de dos personas -tres hechos-, todos enlazados materialmente entre sí».
Sin embargo, el único procesado por estos delitos es Martín Lanatta, ya que el resto goza de una «falta de mérito» que será resuelta en el juicio, tal como lo prevé el Código Procesal Penal bonaerense.
En el marco de esta causa, permanece prófugo desde marzo último el empresario farmacéutico Ibar Esteban Pérez Corradi (35), sindicado como autor intelectual de los crímenes, pero quien no podrá ser juzgado en este debate.
«Tenemos elementos contundentes para que esta gente sea condenada, pero lo que es lamentable es que se llegue a juicio con casi todos los imputados en libertad porque son peligrosos», dijo el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, que representará a la familia de Bina.
El letrado consideró que «los programas de testigos no funcionan correctamente y hay gente que tiene mucho temor de declarar en el juicio», aunque recordó que deben hacerlo porque es una carga pública.
Por su parte, Miguel Angel Pierri, que representará a la familia Ferrón, explicó que acompaña la imputación contra Martín Lanatta y que durante el debate, espera que se dilucide «el grado responsabilidad y la división de tareas del resto».
«Igual, yo creo que este juicio no debería hacerse ahora porque todavía se siguen recolectando pruebas y falta detener al imputado más importante, que es Pérez Corradi», remarcó el abogado.
Sobre los testigos, Pierri pidió al tribunal «que les dé garantías porque están asustados y preocupados» y consideró que el debate debería realizarse bajo mayores medidas de seguridad.
Por su parte, el abogado de los hermanos Schillaci, Omar Daer, sostuvo que a sus defendidos «no hay ningún elemento que los involucre en la causa y deberían haberles dictado el sobreseimiento porque ni tenían relación con las tres víctimas».
«Todo esto es una gran ficción del fiscal, que quiere llevar a declarar a casi 400 testigos, ninguno presencial, y no tiene ninguna prueba, así que yo voy a pedir la absolución de mis clientes», adelantó.
El hecho se inició el 7 de agosto de 2008, cuando Forza (34), Ferrón (37) y Bina (35) fueron convocados al hipermercado Wal Mart de la localidad bonaerense de Sarandí para participar de «una reunión vinculada presumiblemente con la venta ilegal de efedrina», según la elevación a juicio de la causa.
Para acordar el encuentro, se utilizó una línea telefónica adquirida en forma irregular, bajo una titularidad ficticia, a fin de que sus usuarios no pudieran ser vinculados a la misma. Se cree que, desde el supermercado, los tres hombres fueron llevados -bajo su consentimiento o privados de la libertad- hasta la casa de Cristian Lanatta, ubicada en Quilmes.
Los pesquisas sospechan que las tres víctimas fueron asesinadas a balazos y luego sus cuerpos guardados en algún freezer hasta que finalmente los arrojaron en un zanjón del partido de General Rodríguez, donde fueron encontrados seis días después, el 13 de agosto, con signos de haber estado maniatados por la espalda con precintos.
La camioneta de Ferrón calcinada fue hallada la misma noche de la desaparición en el barrio porteño de Flores, mientras que el auto de Forza apareció estacionado en Plaza Constitución.
El caso destapó en aquel momento lo que era el tráfico de efedrina, uno de los principales precursores para producir drogas sintéticas como las metanfetaminas, y se lo vinculó al hallazgo de un laboratorio encontrado en Ingeniero Maschwitcz y a la mafia de los medicamentos que investiga el juez Norberto Oyarbide.
Para el fiscal Bidone, el móvil de la masacre fue triple: los negocios que realizaba una de las víctimas en mesas de dinero, la compra-venta de medicamentos truchos y el tráfico ilegal de efedrina junto a narcos mexicanos.
