El Juzgado de Menores de la 1ª Nominación hizo lugar a un habeas corpus presentado por las asesoras de menores respecto a las pésimas condiciones en las que viven los internos del Irar. En la presentación, las funcionarias acompañadas por la defensora de Cámaras, Marcela de Luca, solicitaron que la institución se adecue a la normativa nacional e internacional sobre la materia. Ante ello, la magistrada dispuso la clausura de algunos sectores del Irar hasta tanto se realicen los trabajos edilicios necesarios para los que otorgó a la Dirección de Justicia Penal Juvenil un plazo de 30 días para cumplimentar las obras. A su vez, requirió al gobernador de la provincia Antonio Bonfatti la puesta en funcionamiento de tres hogares para el alojamiento de 10 varones como mínimo con la modalidad de semiabierto para lo que fijó un plazo de 180 días entre otras disposiciones.
En su resolución, la jueza María del Carmen Musa refirió que hace cinco años el máximo Tribunal de la provincia, en el marco de una causa judicial, solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la resolución definitiva de la problemática que caracteriza al Irar. Aunque la magistrada refirió que a pesar del tiempo trascurrido “lejos estamos de poder siquiera reflexionar sobre la problemática” e hizo referencia a algunos informes que sostienen que “ninguno de los equipos (que realiza tareas en el instituto) puede establecer claramente cuál es el objetivo institucional y por consiguiente tampoco delimitar el papel que realiza cada uno para el cumplimiento del mismo” sostuvo el fallo.
El ser y el deber ser
Teóricamente los muchachos entre 16 y 18 años son alojados en el Irar para asegurar que el chico imputado de un delito no se escape y para protegerlo; ponerles límites que lo hagan reaccionar; detenerlos en su carrera y ofrecerles escolaridad, tratamiento médico y psicológico. Pero la percepción que la jueza tuvo del lugar y refleja en el fallo, dista de un ambiente que permita el fin de la institución. Musa sostuvo que “al atravesar la oficinas del ingreso existe una especie de hall que está impregnado del gris del adentro y del olor nauseabundo, crisol de vahos, único en su tipo del adentro. El olor es crónico y tan persistente que se adhiere a la ropa de los internos y lo acompañan al Tribunal”, en una clara descripción de las deficiencias del lugar y el estado en el que viven los jóvenes.
Y continúa diciendo que los pabellones cuentan con dos rejas, ambas cerradas por candados, que son custodiados por el Servicio Penitenciario que visten de uniforme y están prestos a buscar escudos y bastones cuando hay actitudes sospechosas que presumen una revuelta, alude el fallo. A lo que agrega que hay numerosos partes y denuncias sobre incendios, robos entre internos y aprietes para conseguir droga, sostiene Mussa.
Tratamiento tutelar
La magistrada refirió que al momento de dictar sentencia los jueces de menores están compelidos a evaluar el tratamiento tutelar que tiene que ser de un año como mínimo, tratamiento que juega un papel preponderante y constituye un deber del Estado el suministrarlo y un derecho del joven infractor someterse a él con el propósito de liberarse de la condena. Y agrega que a pesar de que el Irar es una cárcel se debe actuar siempre procurando la habilitación del menor.
Por ello Musa resolvió clausurar los sectores de ingreso y enfermería hasta que se construya un baño. La misma decisión tomó respecto a los sectores B y D de la planta alta hasta que estén finalizados los trabajos de obras. Además, la jueza dispuso un plazo de 30 y 75 días para la finalización de esas tareas de mejoras, a lo que agregó la desinfección y desratización del edificio.
Otras de los puntos de la resolución, la jueza se refiere al trato que recibe el interno. En ese sentido, dispone que el adolescente reciba luz solar al menos 30 minutos diarios y realice actividad física, a lo que le sumó el cursado de estudios escolares al menos dos horas diarias y el suministro de cubiertos para comer. A su vez, la jueza dispuso acentuar las medidas de seguridad como la requisa y el secuestro de elementos punzantes, sustancias psicoactivas y prohibió el ingreso de algunos elementos como comida elaborada, encendedores, entre otros.
Para concluir, la jueza propuso evitar el uso de esposas en el interior de la institución y requirió al gobernador de la provincia la creación de tres nuevos hogares con un régimen semiabierto en un plazo de 180 días.
