Diputados de diferentes bancadas presentaron un proyecto de ley por el cual proponen la modificación del Código Penal, para declarar imprescriptibles los delitos cometidos por representantes de los poderes del Estado y funcionarios que atenten contra el patrimonio público, los bienes de la Nación y causen grave daño económico.
La iniciativa es impulsada por los legisladores de Proyecto Sur, Fernando Solanas, Jorge Cardelli y Alcira Argumedo; y acompañada por Graciela Iturraspe (Unidad Popular); Omar Duclos (GEN); Horacio Piemonte (Coalición Cívica) y Fabián Rogel (Unión Cívica Radical).
La modificación propuesta incluye el artículo 62 del Código Penal, fijando que además de los delitos mencionados, sean imprescriptibles los de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, encubrimiento y lavado de activos, cuando hubieren sido cometidos en el ejercicio de la función pública.
Al explicar los motivos que llevaron a la presentación del proyecto, los autores señalaron que “en la historia de los últimos treinta y cinco años, sobran los ejemplos de funcionarios públicos que, aún cuando perjudicaron gravemente al patrimonio público, fueron eximidos de cualquier responsabilidad penal debido precisamente a los plazos de prescripción que operaron favorablemente para que los delitos quedaran impunes”.
“El caso más emblemático podría resultar el de José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía durante la última dictadura, imputado de graves cargos por defraudación a la administración pública y que fuera procesado, habiéndose dictado a su favor el sobreseimiento de la acción penal por el transcurso del tiempo, ya que habían pasado 17 años desde la iniciación de la causa y más de diez desde que fuera indagado”, ejemplificaron.
Y agregaron: “El Juez Federal interviniente en el año 2000, Jorge Ballestero, encontró numerosos fraudes y acciones ilegales realizadas y fueron materia de investigación, pero decidió el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, y así una de las más grandes estafas de la historia argentina quedó en la más absoluta impunidad”.
