El Observatorio de Seguridad se reunió ayer por la tarde en la zona sur de la ciudad, donde vecinos del área de la seccional 11ª expusieron reclamos ante ediles, funcionarios provinciales y municipales.
El encuentro se realizó en el club Olegario Víctor Andrade y se extendió durante más de una hora y media. Allí, los vecinos reclamaron mayor severidad en la lucha contra las drogas. Además, realizaron consultas sobre la cantidad de efectivos en el área, pero también destacaron la tarea del actual titular de la comisaría.
La reunión fue presidida por el titular de la comisión de Seguridad, el concejal justicialista Osvaldo Miatello. Además participaron los ediles Rodrigo López Molina y Alejandro Rosselló, de Unión Pro Federal; Roberto Bruera, del Partido Demócrata Progresista (PDP) y Alberto Cortés, del Partido Socialista Auténtico (PSA)-Proyecto Sur.
Además, concurrieron los secretarios de Seguridad y de Seguridad Comunitaria de la provincia, Marcos Escajadillo y Angel Ruani, respectivamente; los subsecretarios de Prevención y Seguridad Ciudadana y de Servicios Públicos municipal, Luis Baita y Diego Leone; el director dela Guardia UrbanaMunicipal (GUM), Gustavo Franco; el director del Centro Municipal Distrito Sur “Rosa Ziperovich”, Leandro Tosto, y el coordinador del Ministerio de Seguridad en la zona, Pablo Suárez.
En tanto por la Unidad Regional II de Policía participaron el jefe de Orden Público, Daniel Corbellini; autoridades de la ex Drogas Peligrosas; el inspector de zona, comisario y subcomisario de la seccional 11ª.
Abrió el encuentro Escajadillo, quien destacó la reciente incorporación de 715 nuevos policías para la provincia tras su egreso del Instituto de Seguridad Pública. Precisó que el objetivo es “duplicar la capacidad operativa del Comando Radioeléctrico” y resaltó la predisposición “a seguir trabajando”.
Posteriormente Sergio Nazzi, titular de la Asociación Centro Comercial Ayacucho e integrante de la ONG Convivencia Sur, consideró que “los funcionarios son incapaces o cómplices” y preguntó sobre los procedimientos contra “búnkers” de drogas en barrio Saladillo. Solicitó asimismo un informe por escrito sobre la tarea de la comisaría 11ª y reclamó “la presencia de un civil, de confianza del Ministerio de Seguridad, como nexo entre los ciudadanos y el Ministerio”, que se desempeñe en el ámbito de dicha seccional policial. También pidió la implementación de corredores seguros y “juicio político a funcionarios del Poder Judicial”.
Fue luego el turno de los agentes de ex Drogas Peligrosas, quienes explicaron la forma de operar del área, desde la llegada de una denuncia, todo el proceso investigativo, hasta la decisión de un magistrado de allanar y la posterior destrucción de los “bunkers” de drogas. Se refirió también a la tarea policial el titular de Orden Público, quien anticipó que se implementará un formulario para denuncias en las comisarías, para que las mismas puedan ser tomadas “desde el comisario a un agente”.
Algunos vecinos pidieron mayor intervención policial en zonas puntuales y otros efectuaron reclamos sobre la feria de Salvá al 5900, conocida como “La Saladita”, lugar en el que Baita reconoció “problemas de control”.
