El Partido Socialista de Santa Fe, conducido por el senador provincial Miguel Lifschitz, hizo ayer un gesto hacia el radicalismo con el fin de incorporarlo en un posible acuerdo electoral de cara a los comicios legislativos nacionales del próximo año, y cuestionó a propios y extraños en relación con los proyectos legislativos que buscan endurecer las penas para enfrentar la inseguridad.
En materia política-electoral, el ratificó en el documento difundido ayer “la vigencia del Frente Progresista Cívico y Social, como herramienta electoral y también de gestión en el ámbito de Santa Fe”.
“Los desafíos electorales del año próximo deben encontrar al Frente organizado en todas las regiones de la provincia para retener las comunas en las que somos gobierno, sumar nuevos gobiernos comunales, nuevos concejales y procurar ganar las intendencias en juego”, señala el documento.
Luego avanza sobre el escenario nacional. Sostiene que si bien “en relación a las elecciones para diputados nacionales la estrategia electoral se definirá en el ámbito nacional tanto del FAP”, es necesario abrirle una puerta al radicalismo.
Así lo expresa: “Consideramos necesario mantener el diálogo con todas las fuerzas políticas que integran al Frente Progresista en Santa Fe, con el objetivo de buscar coincidencias y acuerdos que permitan poner en sintonía ambos escenarios”.
Seguridad
El documento dedica la mayor porción de su extensión al tema de la seguridad. El PS señala que el combate al narcotráfico “hace evidente la necesidad de estructurar e implementar políticas de Estado, que necesariamente deben surgir desde el ámbito nacional y coordinar los esfuerzos de los gobiernos provinciales”.
Luego expresa su apoyo a la política de seguridad que lleva adelante el gobierno y traza “tres grandes ejes de intervención”. El primero está vinculado con una “profunda reforma policial” que profesionalice a la fuerza, el segundo se relaciona “con la reforma de la Justicia penal que está en marcha”. El tercero apunta a “profundizar las políticas de inclusión social”.
Luego, el documento rechaza los proyectos presentados tanto por el senador radical Lisandro Enrico para endurecer las excarcelaciones como el del diputado justicialista Darío Mascioli para que sea la Justicia ordinaria la que tramite causas de narcotráfico de menor cuantía.
“Es necesario reafirmar una vez más que la solución a los problemas de la violencia y la inseguridad no requiere de legislación más dura ni de la restricción de derechos”, concluye.
