El gobernador Antonio Bonfatti y su ministro Ángel Sciara tantean el terreno en la cúspide del mundo financiero para el próximo objetivo de la administración: colocar títulos por 500 millones en moneda extranjera para grandes obras de infraestructura.
A decir verdad, por ahora se trata de planes y conversaciones informales con diputados y senadores, que en su mayoría son de la oposición y antes deben autorizar el endeudamiento. Después faltará una autorización más: la del Ministerio de Economía de la Nación, embudo por el cual pasa todo empréstito exterior. En términos teóricos, negarle a Santa Fe tomar dinero para obra pública es un sacrilegio si se tiene en cuenta que su nivel de deuda es ínfimo. En términos prácticos, además de las relaciones de fuerza en la Legislatura local, hay que considerar que de a poco el gobierno nacional está en plan de achicar la toma de deuda con el exterior.
Buscan allá, sacan de aquí
Horas antes de subirse al avión, el gobernador reunió a toda la tropa de gobierno en Rosario. Hizo un repaso de los 10 meses de gobierno y bajó línea para lo que queda en el último trimestre del año.
Mientras Bonfatti preparaba valijas para ir a Estados Unidos en busca de fondos, la Cámara de Diputados avanzó con el proyecto que le recorta recursos del Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero a la provincia para dárselos a municipios y comunas. Según estimó el kirchnerista Luis Rubeo, teniendo en cuenta que el presupuesto 2013 de la Nación prevé girar 868 millones a Santa Fe por ese concepto, los gobiernos locales recibirían el año próximo 174 millones más que en 2012. Dicho al revés, la provincia perdería 174 millones.
Según la diputada del PJ disidente Miriam Cinalli 23 de las 24 jurisdicciones nacionales reparten 50 y 50 el Fondo y sólo Salta lo hace en proporción 70/30 por ciento. El tema, como tantos, atraviesa tanto al oficialismo como a la oposición. Es difícil que el proyecto pase por el Senado, donde los caciques departamentales, sobre todo del PJ, ven como una amenaza a sus liderazgos oxigenar la caja de los jefes comunales para hacer públicas. Por el lado de la UCR lo mismo. En pueblos y ciudades donde se es gobierno se clama por cambiar el reparto, pero donde se es oposición prefieren no alimentar el poder de los actuales mandatarios.
El Ejecutivo tiene sentada posición contraria desde el principio, a pesar de que los diputados socialistas y los restantes socios del FPCyS votaron a favor. Nadie lo reconoce, pero no es difícil adivinar que si el proyecto llegara a pasar el Senado tiene destino de veto.
Fein se la juega
Hablando de municipios, en el primer piso del Palacio de los Leones esperan los datos finales de la provincia (el ministro Sciara confirmó a El Ciudadano que lo ingresará a la Legislatura el 10 de octubre) para cerrar el proyecto de presupuesto 2013. En términos generales, un 20 por ciento más de recursos previstos que este año (igual que la provincia). Para asegurarse esos ingresos, el gobierno de la ciudad empezó a conversar con todo el arco político sobre la necesidad de actualizar antes de fin de año la Tasa General de Inmuebles.
Ya en la puerta de entrada del año electoral, ir por un aumento es alimento nutritivo para la oposición. Pero la inflación, los menores ingresos de 2012 y la necesidad de remontar la obra pública animan a la intendenta Mónica Fein a no esquivar este round.
El ex intendente Héctor Cavallero se adelantó a ese debate esta semana. Plantó su visión negativa sobre el rojo de las cuentas municipales y puso en el centro de la escena el otro déficit, el de la obra pública, que en los gobiernos locales es donde más se sintió este año.
Además de los recursos, otras preocupaciones sobrevuelan la Municipalidad. En materia de transporte, a pesar del pesimismo generalizado instalado sobre el tema, las mejoras objetivas que tuvo el sistema en cuanto a información, tiempos de recorridos, administración, sistema de pago, modernización de unidades, entre otras, podría ser coronado a fin de año con otro aumento de tarifa. La decisión es exclusiva del Ejecutivo, que hasta diciembre tiene delegada la facultad para fijar la tarifa.
Grietas en la Policía
Es evidente que los jefes de la Policía de Rosario no tenían bien evaluados los cambios que propusieron para el Comando Radioeléctrico. Siempre habrá alguien descontento en estos casos, pero no haber olfateado que en cuestión de horas tendrían 200 policías bajándose de los patrulleros y protestando al frente de Gobernación denota falta de olfato pero también ausencia de vasos comunicantes entre jefes y tropa. Estos se animan a rebelarse, y los otros no registran el malhumor que provocan.
Este es un problema central, no sólo de la Policía, sino para la Seguridad Pública. Más allá de algunas actuaciones, los periodistas que hablaron con los policías que reclamaron registraron innumerables testimonios sobre el hartazgo de tener que “recaudar” para jefes que llevan un tren de vida personal escandaloso y que no se compadece con el cana liso y llano que se recarga de adicionales para sumar ingresos. No hace falta contarle al lector el alto nivel de protección policial al crimen, como lo revela el triple crimen de Villa Moreno.
No es que los de arriba son todos malos y los de abajo todos buenos. Lo que se dice es que la protesta del Comando una de las cosas que exhibió es una incipiente grieta entre niveles jerárquicos y la base de la fuerza.
El tema es delicado. Hay riesgo de que se agrande la grieta o que, ante la presión de abajo, los de arriba abran la puerta y amplíen el reparto de lo producido por las cajas negras.
En cualquiera de los casos el Ejecutivo tiene un problema más, porque la conducción de la Policía es uno de los aspectos de la Seguridad Pública.
Lo que se ve desde afuera es una estructura pequeña, cualitativamente imposibilitada de abordar todas las aristas que plantea la problemática para delinear políticas de persecución del delito en conjunto con el área de Justicia y el Poder Judicial.
El Poder Judicial es el otro gran ausente de la realidad que ocurre fuera de los Tribunales. Todavía abundan funcionarios abulonados a sus escritorios, mientras en la calle el crimen organizado repite su rutina de sangre, fuego y corrupción. El nuevo sistema procesal penal conjugado con el recambio generacional, ojalá reviertan esa inercia.
Protesta policial
La orden a los jefes policiales de retrotraer los cambios en la jornada laboral del Comando Radioeléctrico bien puede leerse como un signo de debilidad y plantea interrogantes a futuro.
Por lo demás, el Ministerio de Seguridad no erró en el proceder, que casi calcado al del gobierno de Jorge Obeid ante el acuartelamiento de 2005.
En ese entonces el ministro Roberto Rosúa mandó a la jefa de Policía Leyla Perazzo a solucionar el conflicto, se apoltronó en el Ministerio de Seguridad como muestra de autoridad política y se guardó tiempo para analizar en frío las posibles sanciones. La protesta también duró 20 horas y en ese caso cerró con el pago de 500 pesos a cada policía y la compra de 3 mil chalecos, 3 mil pistolas y 300 mil cartuchos. Al igual que Lamberto, en ningún momento ni Rosúa ni la vicegobernadora de entonces aparecieron durante el conflicto relatando los acontecimientos ni fueron a la Jefatura.
Aquel conflicto terminó con un puñado de policías exonerados, entre ellos Alberto Martínez, referente de un autodenominado sindicato policial. Esta vez Martínez (que no goza de gran prédica en la fuerza) se montó a la protesta y la agravó, lo cual en los próximos días le valdrá una denuncia penal en su contra por bloquear los accesos a la Jefatura e impedir que salieran los móviles del Comando Radioeléctrico.
La base para esa denuncia será el acta que firmaron el juez Juan José Dónnola y los jefes policiales la mañana del viernes, cuando el conflicto ya estaba solucionado.
La presencia de Dónnola tuvo que ver con esa situación y no con suplir la ausencia de funcionarios políticos en la Jefatura, como demandaban algunos micrófonos.
El error del gobierno hubiera sido ir a negociar con Martínez –que no se sabe qué ni a quién representa ni cómo se financia–, y evitarle que vaya a darlas explicaciones a la Justicia.
