El abogado laboralista Jorge Elías criticó el proyecto de reforma de la ley de riesgos del trabajo que el gobierno nacional envió al Congreso para su tratamiento, al considerar que contiene “un prejuicio anti-trabajador”. El letrado rosarino señaló dos puntos que desde su óptica son desatinados. Uno tiene que ver con el acotado listado de enfermedades que contemplaría la nueva ley en caso de aprobarse tal cual la redactó el Ejecutivo. Y el otro tópico “problemático”, según Elías, es la opción excluyente, es decir si un empleado accidentado, o su familia en caso de fallecimiento, acepta la indemnización no puede iniciar juicio. “La Corte Suprema ya dijo que esto era inconstitucional”, recordó el especialista en derecho laboral. También dijo que será difícil que con la nueva normativa se modifique el actual régimen de ART (aseguradoras del riesgo del trabajo).
“No es una ley nueva sino un parche más al viejo sistema, con una serie de inconsistencias e incongruencias que me animo a decir que van a volver a ser declaradas inconstitucionales por la Corte. La primera de ellas, quizá la más grave, es que en el esquema actual la ley vigente tiene un listado de enfermedades para reclamar, aunque la Corte fue habilitando otras al considerar que toda patología o enfermedad que tiene una causa vinculada con el empleo debe ser indemnizada en la medida en que el empleo contribuyó a provocar ese daño”, indicó Elías a El Ciudadano.
Y siguió: “Con la nueva ley se intenta por medio de un mecanismo muy torpe dejar sin efecto los avances y volver al régimen del listado, lo cual volverá a desencadenar una gran litigiosidad”. Además, apuntó Elías, el proyecto original que había elaborado el ministro de Trabajo Carlos Tomada contenía una serie de medidas sobre prevención de accidentes, políticas de higiene y seguridad, y creaba los comités mixtos; a mi modo de ver era una propuesta que se ajustaba a la realidad de hoy”.
El proyecto de ley definitivo, que el próximo miércoles comenzará a debatirse en el Senado, persigue el propósito de desalentar el camino del juicio a partir de una “suba considerable”, según destacó Tomada, en el monto de las indemnizaciones, con plazos para los pagos más acotados y bajo un sistema de actualización semestral. Otro cambio es que se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo del fuero laboral al fuero civil. Además, la iniciativa oficial, consensuada entre empresarios y un sector del sindicalismo, eleva las tarifas del sistema en un 20 por ciento. El proyecto deroga la llamada “doble vía”, o sea, la posibilidad actual de cobrar la indemnización tarifada de la ART y, al mismo tiempo, de reclamar ante la Justicia un resarcimiento mayor.
“Es reprochable que en caso de que estas acciones puedan ser legítimas, la ley las va a obstaculizar. Entonces el trabajador tiene que arriesgarse a no cobrar nada si quiere encontrar un culpable de su accidente. Este prejuicio anti-trabajador en la nueva ley sorprende en un gobierno como el de Cristina Kirchner, que hasta este momento nunca había legislado para desproteger a los trabajadores sino todo lo contrario. Se nota la mano de la Unión Industrial Argentina y una suerte de acuerdo político de la presidenta con ese sector”, sostuvo Elías.
Según indicó el asesor de entidades sindicales, “con este proyecto el 20 por ciento adicional queda para todo el mundo, pero el que cobra la indemnización no puede hacer juicio, aunque haya existido la peor negligencia por parte del empleador. En el sistema actual cobraba un piso, y después si había responsables podía demandar. El empleador ahora sabe que paga un seguro y no vale la pena prevenir”. En la misma sintonía, Elías dijo que para la patronal “es más caro prevenir que curar, y este nuevo proyecto viene a reforzar esa posibilidad en perjuicio de los trabajadores”.
—La presidenta y el ministro Tomada dijeron que con la suba de las indemnizaciones y sus actualizaciones, más el 20 por ciento por daño moral, se iba a desalentar «la industria del juicio»…
—Estamos de acuerdo, pero si se va a desalentar para qué poner trabas. El mejor camino para desalentar es pagar bien. Por caso si algún empresario inescrupuloso tiene sus instalaciones en mal estado y provoca la muerte de un empleado no tiene que pagar. ¿Estamos cubriendo el incumplimiento? ¿Qué miedo hay a que se haga un juicio cuando existe un culpable si las indemnizaciones son muy buenas? Es una ley primitiva que, lamentablemente, huele a épocas superadas.
—¿Cree posible que el proyecto del oficialismo esté permeable a modificaciones?
—Difícil: la presidenta defendió el proyecto enfáticamente y el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras. Además, me parece que el entusiasmo de la UIA va a convencer a muchos diputados, por ejemplo, a los de la UCR que ya dijeron que van a votar a favor. Los que van a resistir serán minoría, probablemente algún diputado del oficialismo, como el doctor Recalde, y algún otro diputado de extracción sindical, aunque no todos, porque hay gremios que avalan este proyecto.
