El jueves pasado, el Concejo Municipal aprobó un proyecto que insta al gobierno local a brindar su página web oficial y los edificios bajo su órbita como espacios para que la Justicia publique imágenes de personas con requerimientos judiciales. Prófugos, sospechados de ser víctimas de trata o haber cometido crímenes de lesa humanidad, además de personas denunciadas como desaparecidas, entre otros, ocuparían los carteles que remiten al lejano oeste de los western. La iniciativa despertó una polémica alrededor de su constitucionalidad (ver recuadro) y sobre todo su utilidad. La iniciativa del PRO fue duramente criticada por el ex secretario de Seguridad Comunitaria, el criminólogo Enrique Font, quien la calificó de chanta y oportunista.
En diálogo con El Ciudadano, consideró que la norma es una medida de seguridad simbólica, destinada a generar la idea de que se está trabajando en los delitos. “Recurrir a estos métodos habla de la impotencia de las fuerzas de seguridad y el poder judicial que no puede generar sus fuentes de información. Muchas veces el Concejo emite resoluciones que se pretenden soluciones simples a problemas muy complejos”, explicó y agregó: “Así tuvimos la propuesta de identificar las motos y motociclistas o el mapa del delito de (Jorge) Boasso cuyo único logro fue una persona que agregó un lugar donde denunció: «Acá venden faso que no pega»”.
Según Font, la iniciativa puede servir en algunos delitos –prófugos por crímenes de lesa humanidad, supuestas víctimas de trata, por ejemplo–, en otros es inútil y también pueden producir sobre información. “El riesgo es generar ruido blanco. Tener 150 fotos de prófugos en una pared satura y es contraproducente”, advirtió.
Para el ex secretario de Seguridad, existe un mito en la Argentina sobre cómo se vincula una persona a un hecho policial. Para Font, lejos estamos del detective al estilo CSI –Policía científica– y más cerca del policial negro, aquel donde no existen buenos ni malos y se confunden policías con ladrones. El experto refirió a un estudio sociológico realizado a los cuerpos detectivescos de la agencia británica Scotland Yard en la década del 90. El mismo arrojó que los delincuentes eran capturados no por elementos de la escena del crimen sino por el cultivo de informantes y en mayor medida información de calidad que fluía de forma voluntaria desde la sociedad civil. “El flujo proviene de una percepción social positiva sobre el labor de la Policía y la Justicia. Esto acá no ocurre. Hay encuestas de 2009 que posicionan a la corrupción policial como cuarto delito más habitual”, explica y extiende hacia el accionar de los magistrados. Sin contar con esos insumos, como el que se pretende desde las hipotéticas publicaciones, las fuerzas de seguridad acuden a otros métodos, por fuera del “debido proceso”. Uno de los principales es la figura del informante, esto es, una persona vinculada con el delito que negocia con la Policía. El intercambio, siempre según Font, es información a cambio de quedar exento de propias prácticas delictivas. Otra variable a tener en cuenta son las presiones políticas sobre el Ministerio de Seguridad y de la Justicia sobre las cúpulas policiales para resolver crímenes.
De acuerdo con el ex secretario, cuando se fuerzan los flujos de información salen iniciativas como los buzones de la vida, con algunos años en la ciudad bajo la órbita de los Tribunales Federales –bulevar Oroño 940– y desde este año en los seis centros municipales de distrito. Para Font esto es información sucia y muy poco efectiva ya que no existe un ida y vuelta sino sólo la emisión de un dato. “Por otro lado, si están pidiendo información a la comunidad me demuestra una impotencia de la Policía y el Poder Judicial. Sus métodos para generar información no funcionan”, criticó Font.
