El ex jefe de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones, Oscar Romero, que enfrenta junto a otros dos uniformados una causa penal por el faltante de una pistola ametralladora de su repartición, fue excarcelado.
El comisario había sido indagado el sábado pasado, al igual que el segundo jefe de esa repartición y otro uniformado, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción de efectos en custodia por razón de su cargo y la entrega de un arma a quien no es legítimo usuario. Los tres acusados negaron la imputación y luego de pasar un fin de semana tras las rejas fueron liberados, aunque continuarán vinculados al proceso que pasará a tramitarse en un juzgado de instrucción.
Por su parte, los defensores de los funcionarios policiales sostuvieron que las acusaciones son contradictorias y que no existe ninguna conducta dolosa que se pueda imputar a sus defendidos, ni prueba que respalde las imputaciones.
El arma en cuestión habría aparecido hace unos 20 días y disparó una investigación de asuntos internos que determinó que la ametralladora FMK3 estaba asignada a la ex Brigada de Drogas Peligrosas. Ello derivó en el paso a disponibilidad del comisario Oscar Romero, que estaba a cargo de la repartición, el subjefe de esa dependencia y un oficial. Además, se generó una investigación judicial a cargo del Juzgado Correccional de la 7ª Nominación, que dispuso la detención del comisario y de dos de sus subalternos.
Según fuentes judiciales, durante la mañana del sábado fueron indagados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción de efectos que tienen en custodia por razón de su cargo y por entregar un arma a quien no es legítimo usuario.
Según refirió el penalista Héctor Pérez, a cargo de la defensa del comisario y de un oficial, Romero negó la imputación y detalló el procedimiento de manejo y control de las armas de la dependencia. Según refirió el imputado en su descargo, el arma en cuestión no era utilizada en los procedimientos que habitualmente realiza la Dirección y se encontraba junto a otras dos armas de las mismas características en cajas ubicadas en un mobiliario donde la brigada guarda las armas.
Dicho armario era periódicamente controlado, donde se verificaba la presencia de las cajas aunque no su contenido, refirió la fuente.
Por su parte el letrado Waldemar Palermo, a cargo de la defensa del subjefe de la ex Digedrop refirió que según las constancias a las que pudo acceder, Asuntos Internos comenzó una investigación a raíz de un llamado anónimo y se detectó la faltante del arma en la repartición el 25 de octubre.
A su vez sostuvo que las imputaciones que le hacen a su cliente – que es la misma que le achacan a los otros dos uniformados – es el incumplimiento de los deberes de funcionario público que es una figura dolosa, la sustracción de la ametralladora o permitir la sustracción cuando él (por su defendido) tenía una función operativa y no tiene la custodia de las armas.
El defensor sostuvo que el arma está secuestrada y que no vio constancia de las circunstancias en las que se secuestró y agregó que dentro de la imputación surge que hubo una advertencia a un alto jefe policial de que el comisario y un subalterno iban a alquilar la ametralladora a los cabecillas de una conocida banda de la zona sur.
El letrado refirió que no hay ninguna conducta dolosa que le puedan imputar a su cliente, “hay conducta atípica” refirió.
A la vez que sostuvo que en la causa no hay ningún elemento de prueba, ni se dan los presupuestos para la denegatoria de la libertad.
Respecto al planteo excarcelatorio, en el día de ayer la fiscal que investiga la causa Viviana Baliche dictaminó positivamente al pedido presentado a favor de los imputados y el Juzgado dispuso la libertad de los mismos.
Ahora los uniformados seguirán vinculados al proceso, que según fuentes judiciales pasará a manos del juez de Instrucción 11ª que resolverá sobre la situación procesal de los acusados.
