Pasados quince días de furioso enfrentamiento entre el Frente Progresista y el justicialismo por el caso Tognoli, como en todas las batallas llega el tiempo de repasar el número de heridos y considerar las heridas recibidas.
En ese sentido el gobierno provincial va comprobando qué quedó de aquellas rutas de diálogo que con mucha paciencia había construido con sectores de la oposición: el gobernador en persona tuvo oportunidad de tomar el pulso de la relación con los senadores del PJ el miércoles a la noche, durante una cena en la capital provincial. Pasado mañana hará lo propio con los diputados y senadores del oficialismo.
El clima del 22
Si bien con los senadores se ratificaron líneas de trabajo y se habló de los proyectos que están a debate, la sensación es que será difícil resolver los grandes proyectos del momento hasta el 21-22 de noviembre, días en que se resuelven la interpelación al ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, (el peronismo decidió hacerlo volver para hablar de lo mismo que hace 15 días) y la Asamblea Legislativa convocada para resolver 16 pliegos de fiscales y defensores para la nueva Justicia penal (incluidos los que están en lista negra) y el pliego del procurador de la Corte. El 22 de noviembre se sabrá si la política santafesina, o al menos una parte, tiene voluntad y capacidad de cambiar de clima.
Oposición y gobernabilidad
Es un momento crucial del año. Además de lo mencionado, esperan tratamiento legislativo el presupuesto 2013 y el proyecto de endeudamiento para obras de infraestructura, que interesa a oficialistas, opositores, intendentes y constructores, pero sobre todo a 3 millones de santafesinos entre los que necesitan rutas, acueductos, servicios de salud e infraestructura de seguridad y penitenciaria.
En la Cámara de Diputados es donde aparecen los principales puentes rotos. Además de la interpelación a Lamberto, el PJ sacó en las comisiones proyectos que estaban frenados por las propias tensiones internas que el caso Tognoli vino a disimular.
Las circunstancias volvieron pardos todos los gatos, pero la realidad es que ni siquiera el escándalo de los narcopolicías puede suprimir las disputas por espacios de poder, los múltiples liderazgos y sus desconfianzas y el antagonismo ideológico interno. La comunidad de intereses de estos días no puede ser más que una foto etérea.
Cadena de responsabilidades
A esta altura alguien puede preguntarse por qué un panorama político invierte espacio en las tensiones de la oposición teniendo como protagonista a un gobierno del FPCyS que fue golpeado por la crisis de los narcopolicías. La respuesta es que al tener la mayoría legislativa, esa oposición tiene, por primera vez en décadas, una responsabilidad crucial en el desenvolvimiento político e institucional de la provincia.
La lista negra
Los 16 pliegos para fiscales y defensores que están en la Legislatura tienen un raro privilegio: antes de que los enviara el gobernador la mitad de los postulantes figuraba en una lista negra de la oposición.
Quizás sea injusto decir “la oposición”, pero a juzgar con lo que ocurrió con la suerte del pliego de Enrique Font, se prefiere evitar inventariar de antemano diferencias ideológicas y políticas que después no aparecen.
Lo cierto es que además de la disputa política, propia del juego oficialismo-oposición, la necesidad de dotar de funcionarios a la nueva Justicia penal fue visto por sectores de la oposición política y algunas corporaciones como una oportunidad para colocar jueces, fiscales y defensores como era antes de 2007. Hace semanas un senador volteó el pliego de un postulante a fiscal de 29 años de una ciudad del sur provincial que había rendido el mejor de todos los exámenes del sistema por el sólo hecho de no haber ido a besar su anillo.
Las insistentes sugerencias de las que se saben en la Legislatura por parte de distintos sectores para que se les habilite a “colocar” jueces y otros funcionarios es la cabal muestra de que el cambio en el sistema de selección de jueces y funcionarios del Poder Judicial es de los grandes logros de la gestión del Frente Progresista. En minoría parlamentaria, ahora Bonfatti enfrenta la no menor tarea de sostenerlo.
Argumentos
El argumento principal contra los pliegos es que fueron funcionarios de la gestión Binner. La lista negra: Carla Cerliani (ex directora del Centro de Asistencia Judicial); Sebastián Narvaja (integrante de la Junta Directiva nacional del Inecip, el principal think thank promotor y asesor de reformas democratizadoras de los sistemas penales del país y la región); Mariano Bufarini (ex director del Servicio Penitenciario); Luis Schiapapietra (empleado por concurso del Ministerio de Justicia); Gonzalo Armas (ex director de Control de las Fuerzas de Seguridad); María Laura Blacich (empleada por concurso), Francisco Broglia (ex director de Seguridad Comunitaria) y Martín Riccardi (empleado de planta por concurso y docente de la Facultad de Derecho de la UNR en la cátedra del ministro de la Corte Daniel Erbetta).
No es lo mismo
Una de los cuestionamientos es que el gobierno repite lo que tanto le criticó al reutemismo a la hora de nombrar funcionarios judiciales. Sin embargo la diferencia es abismal. Ninguno de esos postulantes pertenece al socialismo ni al radicalismo; así como otros ex funcionarios quedaron en el camino, éstos superaron los concursos de antecedentes y oposición, que no los organizó el Poder Ejecutivo sino el Servicio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal; debieron pasar concursos llevados adelante por un inédito sistema de tribunales evaluadores constituidos para cada ocasión e integrados por los colegios profesionales, universidades y fiscales o defensores en funciones; la mayoría son cuadros profesionales formados en ámbitos académicos y públicos; ninguno ocultó sus antecedentes ni mintió sobre su curriculum; ninguno llega a puestos de jerarquía (serán defensores y fiscales rasos) para garantizar impunidad, como sí ocurrió durante los gobiernos justicialistas con las grandes causas judiciales por corrupción política, todas prescriptas por el paso del tiempo ante la desatenta mirada de los tribunales superiores, incluida la Corte Suprema surgida del pacto Reutemann-Usandizaga, que se negó a usar mecanismos como el que días atrás le permitió, acertadamente, intervenir y anular en tiempo récord de cuatro semanas un escandaloso fallo con sentencia firme de primera instancia. Cuando se quiere se encuentra la forma.
Dilema K
Queda ver qué va a pasar con los sectores progresistas del PJ que, por separado, abrevan en las mismas fuentes que el socialismo. Esa suerte de transversabilidad quedó clara días atrás durante la presencia en Rosario del prestigioso penalista Alberto Binder, vicepresidente del Inecip y asesor de la reforma procesal penal en Santa Fe. En menos de 24 horas paseó sus recetas por las oficinas del Cemupro binnerista y una mesa debate de Agustín Rossi.
Otro dato curioso es que varios de la lista negra por ser empleados profesionales de los ministerios de Justicia o Seguridad, ingresaron durante la gestión de Jorge Obeid (tienen cargos concursados) para ser parte del titánico y no siempre lineal cambio de paradigma que viene ensayando el Estado santafesino en Seguridad y servicio penitenciario que iniciaron los Rosúa padre e hijo.
El gobierno en deuda
Uno de los proyectos que el PJ desempolvó es el de crear un ente de control del servicio eléctrico, autoría del obeidista Mario Lacava y eslabón de anteriores impulsados por los diputados Hugo Marcucci (UCR) y Raúl Lamberto (PS) ya sin estado parlamentario.
Podrá objetarse que salga a la luz como prenda de una crisis política, pero no puede ignorarse que se trata de un debate que el Frente Progresista reclamó cuando era oposición y que como gobierno no quiso o no pudo dar.
Además de la creación de un ente de control del servicio eléctrico adeuda las reformas del reglamento de prestación de la EPE (cuestionado esta semana por un fallo de la jueza Susana Silvina Gueiler) y del marco regulatorio con el que funciona Assa.
Si bien en el caso de la EPE la mayor resistencia al cambio no es el gobierno en sí mismo, es éste el que tiene la responsabilidad de honrar sus promesas de cambio. De lo contrario deberá asumir el riesgo de que otros le copen la parada. Como le pasó con el caso Tognoli.
