Los jefes de las Fuerzas Armadas de Bolivia aceptaron ayer abrir los archivos militares secretos a un fiscal del Ministerio Público para investigar la desaparición de personas durante la dictadura de Luis García Meza (1980-81). La noticia surgió luego de un día de tensiones en el que las fuerzas castrenses se habían negado a mostrar sus registros, pese a que el presidente Evo Morales lo había autorizado.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente, afirmó ayer que entregará recién el próximo 26 de febrero la documentación “ordenada” de los archivos secretos de las dictaduras para investigar la desaparición de personas, que le requirió ayer por la mañana infructuosamente un fiscal.
“La información será remitida (al fiscal Milton Mendoza) por conducto del comandante en jefe y será mantenida en reserva (según el artículo 98 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas), por lo que remitiré toda la información el 26 de febrero para los fines consiguientes”, declaró De la Fuente, citado por el diario digital Erbol.
La aclaración del jefe militar responde a la apreciación del fiscal Mendoza, quien dijo ayer a la mañana que el rechazo castrense a permitir el acceso a los archivos secretos “es una obstaculización al proceso de investigación” de los desaparecidos durante las dictaduras, especialmente la de Luis García Meza (1980-1981).
Mendoza había sostenido que el comandante de las Fuerzas Armadas presentó dos memoriales a la Justicia para evitar que él y familiares de desaparecidos, entre ellos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, puedan tener acceso ayer a esos archivos.
Mendoza portaba una orden judicial que autorizaba la apertura de los archivos secretos de 1980, cuando fueron secuestrados y desaparecidos Quiroga y otras personas en la toma de la Central Obrera Boliviana por grupos de paramilitares, entre ellos varios argentinos.
Una resolución ministerial de 2009 autoriza al alto mando a “facilitar el acceso a familiares y víctimas de dictaduras militares, a archivos, registros públicos y documentos existentes en las Fuerzas Armadas que lo soliciten y demuestren su interés legítimo”.
El gobierno dio esa autorización al cabo de una huelga de hambre de 30 días de Olga Flores Bedregal, Hortensia Gutiérrez y la chilena Marta Montiel, familiares de tres guerrilleros desaparecidos en 1979.
La norma dispone incluso que las solicitudes de acceso a los archivos “podrán ser presentadas en forma verbal o escrita, sin requerir el patrocinio de un profesional abogado”.
Familiares de unos 156 desaparecidos entre 1964 y 1982 reclaman la apertura de todos los archivos militares para saber el destino de las víctimas.
En tanto, el ex dictador García Meza cumple en la actualidad 30 años de reclusión en la cárcel de Chonchocoro (La Paz), en cumplimiento de un dictamen de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó por los delitos cometidos durante su dictadura.
El que era jefe de los servicios de represión de García Meza, el ex coronel Luis Arce Gómez, también está recluido en otra celda del mismo penal.
Ambos se negaron a proporcionar a la Justicia información sobre hechos confusos que protagonizaron durante la dictadura de García Meza, una de las más cruentas que asolaron Bolivia entre 1964 y 1982.
