Con un crecimiento sin pausa –y con miras a seguir multiplicándose–, la telefonía celular es uno de los negocios más gigantes y rentables de los últimos años. Puede decirse que el lado claro de la cuestión es que permite a quien tenga un celular estar en contacto con el resto de la gente a toda hora, acceder a internet y a aplicaciones de las más variadas que pueden usarse en la vida cotidiana. El otro lado, el oscuro, señala que en la ciudad la telefonía celular está a la cabeza de los reclamos de los usuarios por los problemas de señal, servicios de atención al cliente con esperas eternas y que luego no resuelven las cosas, planes que no son tales, mensajes que prometen premios y hacen disminuir el abono, aumentos constantes en los costos sin necesidad de autorización alguna a nivel estatal y muchas situaciones más que provocan la ira de los usuarios. “Estamos hablando de un servicio que tiene más de 20 años en Argentina y las condiciones no han cambiado nunca. Las compañías se manejan igual ahora, con 50 millones de líneas, que cuando había 500 mil y solamente en manos de gente con alto poder adquisitivo”, remarcó a este diario el diputado Carlos Comi.
Recordando el apagón de celulares del miércoles pasado, organizado desde las redes sociales, el legislador sostuvo que esa fue “una medida interesante especialmente porque nació de la gente”. “Fue un boicot que se generó a través de las redes sociales y demostró hasta qué punto los usuarios están hartos de esta situación”, añadió.
Todo Igual
El integrante dela Coalición Cívicaremarcó que para que cambie la situación “hace falta un control mucho mayor del Estado, regulación y sanciones acordes a la gravedad de los hechos”. “Cuando se cayó el sistema hace unos meses atrás, el Estado multó a Movistar con 150 millones de pesos. Esta parecía una sanción importante pero esto para la empresa significó solamente un descuento de diez pesos por cliente”, afirmó.
El diputado recordó que su proyecto para que la telefonía celular sea declarada un servicio público “descansa en algún lugar del Congreso Nacional”. “El oficialismo nunca le dio curso. Acá queda claro que hay una protección a empresas que son gigantes por parte del gobierno nacional”, comentó.
Portabilidad y aumentos
Por su parte, el titular de la delegación local dela Red Argentinade Consumidores, Cristian Galindo, indicó que “se puede decir que a la cabeza de los reclamos de los usuarios está la telefonía celular”. “Este año como hecho positivo salió la portabilidad numérica y también los cambios en la facturación. Como contracara las empresas, como en una especie de venganza, aumentaron este año el servicio más que en cualquier otro año de la última década. Otra cuestión positiva es que el gobierno anunció que una empresa con capitales estatales va a hacerse cargo del 25 por ciento de la torta del servicio. Nosotros estamos a favor de esta medida. El punto débil es que esto podrá realizarse en un mediano y largo plazo y nosotros necesitamos algo efectivo e inmediato”, siguió.
“Las quejas más usuales tienen que ver con problemas en la señal y en el servicio de atención al cliente, ya que a los usuarios les cuesta mucho que los atiendan cuando tienen algún inconveniente y cuando logran hacerlo los resultados suelen no ser satisfactorios. También se suele afectar el derecho a la información ya que muchas veces se vende un servicio y después en la práctica tiene costos que no fueron informados. Hay engaños”, añadió.
Más adelante, el referente dela ONGtambién pidió que la telefonía celular sea declarada servicio público. “Esto le daría más herramientas al Estado para poder enfrentar los abusos. Además, para aumentar tendrían que tener la aprobación oficial. Hoy no necesitan ninguna autorización, solamente tienen que avisar. Hay estudios de algunas consultoras internacionales que ponen ala Argentinacomo uno de los países más caros del mundo a la hora de hablar por celular. Este año es el que más aumentaron las empresas, hablamos de más de un 30 por ciento en los que tienen abono. Paradójicamente fue el año con más inconvenientes en el sistema”, sintetizó.
Lo más común
Por último, la coordinadora del área de Defensa al Consumidor dela Defensoríadel Pueblo, Mabel Irak, explicó que “las quejas son bastante variadas con respecto a las tres empresas”. “Una de las más comunes son las suscripciones a mensajes cuando nunca se hizo una. Hay veces que se cargan 50 pesos con la tarjeta y se comienzan a recibir mensajitos y pasa lo mismo en los abonos mensuales. El inconveniente es que cuando se hace el reclamo ellos alegan que no tienen nada que ver y que se trata de cuentas de terceros. La cuestión insoslayable es que está adentro del sistema de ellos. Cuando queremos hacer un trabajo de identificación nos encontramos con que son empresas fantasma, pero es evidente que hay un negocio donde están vinculadas las telefónicas”, resaltó.
“Otras de las quejas son los cambios de planes sin consultar a los clientes. Se los cambian igual. Lo que se ve es una gran falta de asesoramiento, falta de información para con los usuarios. La gente muchas veces firma contratos y queda cautiva de condiciones desfavorables. Siempre hay que fijarse lo que se firma. Otra de las cuestiones es cuando se activan los teléfonos de última generación donde ponen en funcionamiento muchísimas aplicaciones que sin que el cliente lo sepa le consume recursos”, contó.
“También está el tema de los los viajes al exterior. La gente piensa que no va a tener ningún problema y empieza a funcionar el roaming que afuera se cotiza en euros o en dólares y después llegan gastos abultados”, dijo.
Con respecto al encuadre de la prestación, Irak sostuvo: “No estoy muy de acuerdo con convertir a la telefonía celular en un servicio público porque se tendrían que sumar muchas antenas y eso es contaminante. Lo que habría que hacer es regular el servicio”, concluyó Irak.
