Unas cincuenta familias que viven en condiciones precarias se encuentran al borde del desalojo y para expresar su malestar cortaron el tránsito anteayer en el puente Sorrento sobre el arroyo Ludueña, en la zona norte de la ciudad. El asentamiento está ubicado en calle Loureiro, entre Sorrento y Washington, lleva casi 30 años, se encuentra en terrenos ferroviarios y en las últimas horas un juez había ordenado su desalojo. Luego de que los vecinos resistieran con quema de neumáticos y un corte esa medida, la Justicia decidió suspenderla hasta el martes próximo.
“Decidimos hacer el piquete porque nos llegaron órdenes de desalojo; somos 56 familias y hay más de 200 chicos: dónde nos van a mandar. Nos dieron tiempo para desalojar hasta el martes porque quieren los terrenos. Si nos sacan de acá que nos den un terreno porque no tenemos dónde vivir”, explicó una vecina.
En tanto, otro habitante del lugar relató a este medio que en las últimas horas los ocupantes se acercaron a la Secretaría de Promoción Social del municipio y que desde allí les hicieron un ofrecimiento concreto que a los ocupantes no les gustó demasiado. “Nos dijeron que no tenían terrenos ni viviendas para darnos, nos propusieron pagarnos dos meses de alquiler y después que paguemos nosotros. Si pudiéramos pagar un alquiler, no estaríamos viviendo en este asentamiento; la solución es que nos den un terreno y así poder levantar las casillas. En cuatro días no pueden venir a desalojarnos a todos”, se lamentó.
“Vinieron policías y nos patearon las puertas, hubo represión, nosotros nos vamos a quedar acá, estamos muy tristes con todo esto”, afirmó otro de los presentes en la zona a El Ciudadano.
En ese marco, en las últimas horas el concejal Alberto Cortés, del Partido Socialista Auténtico, se acercó al terreno con la idea de colaborar con las familias. Allí, el edil se comprometió a realizar gestiones en los Tribunales provinciales y tratar de darles una respuesta.
“Llegaron órdenes de desalojo a dos vecinos que tenían plazo hasta el viernes para irse del lugar. Hubo antecedentes de que el Belgrano Cargas hacía juicios en los asentamientos pero, supuestamente, en el 2009 se resolvieron. Propuse que el martes a la mañana vayamos a hablar con el juez Alberto Bonino, junto con la subdirectora de Derechos Humanos de la provincia, Nadia Schujman, así pasado mañana tendríamos una información más precisa”, explicó el edil.
En tanto, Carlos Ramírez, el diácono del barrio, explicó que mañana, a partir de las 23, harán otro corte en calle Baigorria, a la altura de Circunvalación. “Quieren vender los terrenos al Estado para sacarle una buena suma de dinero. Nosotros queremos tener la certeza de que no van a sacar a estas familias del lugar; nadie se ocupa de esta gente: ni la provincia, ni la Municipalidad. Estas personas son expulsadas de la sociedad, hablé con ellos y dudan de la honestidad de quienes manejan políticamente todo esto. Hay que estar atentos y vigilantes, como dice la Biblia”, concluyó Ramírez.
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