La Corte de Apelaciones de Nueva York hizo lugar ayer al pedido del gobierno argentino de suspender el fallo del juez Thomas Griesa que favorecía a fondos buitre, y así el país podrá pagar sin riesgos un vencimiento por 3.300 millones de dólares el 15 de diciembre próximo. Además, el Tribunal le otorgó a la Argentina un plazo de tres meses para efectuar una propuesta de pago, realizar la defensa técnica respectiva y que las partes concreten en una audiencia las presentaciones orales.
La primera información sobre el fallo de la Cámara que benefició al país fue difundida por el embajador en los Estados Unidos, Jorge Argüello, en su cuenta de Twitter. “Fondos buitre: en Nueva York, la Cámara hizo lugar al pedido de suspensión del fallo de Griesa realizado por Argentina”, indicó Argüello.
Este fallo era esperado con ansiedad por el gobierno de Cristina Kirchner ya que, si la resolución judicial de Griesa finalmente se concretaba, la Argentina corría el riesgo de que el dinero destinado al pago de la deuda fuera embargado para cubrir los 1.330 millones de dólares reclamados por fondos buitre que no ingresaron a las canjes de 2005 y 2010.
Además, si se llegaba a esa instancia, la Argentina tenía riesgos de caer en lo que se denomina “default técnico”, lo que ya había sido advertido por calificadoras internacionales como Fitch, que le bajó la nota a los títulos locales.
Según el escueto fallo de dos párrafos, el cronograma fijó para el 28 de diciembre la presentación de los detalles de la apelación; el 25 de enero de 2013 habrá una oposición a la defensa y el 27 de febrero se efectuarán los argumentos orales.
La sentencia de la Corte de Apelaciones de Nueva York de segundo distrito se firmó el mismo día en que la presidenta Cristina Kirchner prometió que la Argentina “cumplirá” con los pagos de deuda y cuestionó a su vez a los fondos buitre. Aseguró que estas organizaciones “ni siquiera tienen domicilio fiscal en los Estados Unidos, sino en paraísos fiscales” y llegó a calificar la medida de Griesa como “colonialismo judicial”.
En el marco de la Conferencia Industrial organizada por la UIA, la jefa del Estado dijo que cumplir con el fallo de Griesa era una “absoluta inequidad” con el 93 por ciento de los acreedores que entraron al canje.
Por su parte, el ministro de Economía Hernán Lorenzino dejó latente la posibilidad de reabrir el canje de deuda, aunque lo supeditó a la decisión de la Cámara de Nueva York. El fallo de Griesa fue dictado la semana pasada y el lunes el grupo de abogados que defiende a la Argentina junto al equipo económico presentaron una apelación pidiendo una medida de no innovar para suspender los efectos de la sentencia, la que calificaron de “injusta e ilegal”.
“Una propuesta que traslade a los bonistas que no entraron al canje las condiciones del canje de 2010 iría en línea con los antecedentes de nuestro país y sería pasible de ser debatida en el Congreso”, señaló Lorenzino.