El gobierno provincial habilitó para su tratamiento en sesiones extraordinarias el veto parcial a la ley de emergencia en seguridad. A través del mensaje 4.060, enviado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo, el gobernador Antonio Bonfatti incorporó al temario del período extraordinario de sesiones legislativas –junto con el presupuesto, la autorización de endeudamiento y otras iniciativas relacionadas con la marcha de la economía provincial– el veto a la ley emergencia, que había sido sancionada el jueves 1º de noviembre.
El veto parcial a la ley 13.297 –que declara la emergencia en materia de seguridad pública en todo el territorio santafesino por un lapso de 18 meses– es propositivo y, según el gobierno, no fue decidido por disidencia con la ley en sí misma sino “porque no podemos admitir que la división de poderes sea vulnerada”.
En la Casa Gris entienden que algunos artículos de la norma avanzan sobre potestades que son propias del Ejecutivo. El viernes 30 de noviembre, en la última sesión ordinaria, el Senado aprobó el veto, por lo cual resta la media sanción de la Cámara de Diputados.
El 21 de noviembre –tres semanas después de la sanción de la ley– el gobernador firmó el decreto 3.445 por el cual se vetan 12 de los 16 artículos de la norma, entre ellos el que ordenaba “en forma inmediata el apartamiento de todos aquellos funcionarios policiales que cumplan funciones de conducción y al momento de la puesta en vigencia de esta ley se les haya ordenado una investigación ya sea en el ámbito administrativo o judicial”.
Bonfatti también vetó la conformación de una comisión bicameral de Seguridad Pública, que reemplazará por una comisión de seguimiento. Otro artículo polémico es el que “facilita la incorporación de efectivos policiales capacitados intensivamente en un semestre y supervisados por las fuerzas especiales de la repartición”.
Para el socialismo es un retroceso, por eso decidieron dejar en pie la actual norma que rige el Isep y que determina que la formación de los agentes demandará dos años.
La decisión del Ejecutivo de ampliar y modificar la ley de emergencia contempla, además, una reorganización de la Policía en unidades regionales más pequeñas y la incorporación de responsables distritales de seguridad, que reportarán directo al ministro Raúl Lamberto.
