El estadio se encontraba cerrado para recitales a raíz de las denuncias de los vecinos de Núñez por las vibraciones que produce el público con el pogo.
Los fiscales sostenían que la Ley 123 determina que se debe realizar un estudio de impacto ambiental previo al recital. El artículo 5 de esta ley determina que los proyectos y otras actividades que puedan producir impacto ambiental de relevante efecto deben evaluarse antes de dar el permiso.
En cambio, los organizadores se basaron en el artículo 40 y no en el 5, en el cual los estadios tienen que readecuarse para este tipo de eventos.
A principio de febrero, la Facultad de Ingeniería de la UBA había presentado un informe en base a mediciones realizadas en edificios ubicados sobre la avenida Libertador durante los shows de AC/DC (4 y 6 de diciembre) y de Metallica, (21 y 22 de enero).
Ese estudio, firmado por el ingeniero Raúl Bertero, destacó que «el nivel de aceleraciones y desplazamientos medido está por debajo de los niveles requeridos para provocar daño estructural en los edificios» de la zona. También, este trabajo advirtió que «los movimientos fuertes se registraron durante períodos de 20 segundos de duración espaciados varios minutos durante algunos de los temas».
