Miles de egipcios se manifestaron ayer en El Cairo en rechazo a irregularidades detectadas durante la primera fase del referendo constitucional, mientras las autoridades defendieron la supervisión judicial de la votación. En tanto, los jueces se niegan a controlar la segunda vuelta y, por primera vez, los tribunales juzgarán los delitos cometidos durante el plebiscito.
Tres días después de que diez de las provincias del país votaran el proyecto de Carta Magna, las denuncias de que la votación se vio empañada por las infracciones llevaron en esta jornada a los opositores al texto a salir de nuevo a las calles de la capital.
Como es habitual en las últimas jornadas de protestas, las manifestaciones comenzaron en distintas mezquitas de El Cairo y tenían como meta la plaza Tahrir, donde la oposición mantiene una acampada desde hace casi un mes, y el Palacio Presidencial. Se critica al presidente y su reforma.
El Frente de Salvación Nacional (FSN), que agrupa a la mayoría de la oposición que quiere un sistema político laico y convocó las marchas, reiteró ayer que se debe repetir la primera vuelta del plebiscito por las irregularidades y pidió que se aplace la segunda ronda, prevista para el próximo sábado.
La coalición alegó que no se dará una supervisión judicial completa, después de que la principal asociación de jueces del Consejo de Estado –órgano de la justicia administrativa– anunciara anteayer su boicot a la segunda vuelta.
En cuanto a las infracciones, el Ministerio de Justicia anunció ayer que las denuncias por supuestos delitos penales cometidos en el referéndum serán investigadas por primera vez en los tribunales.
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