Los abogados, un juez y su secretario acusados, entre otros delitos, de asociación ilícita –una figura de mucha gravedad–, estafas reiteradas, defraudación y falsedad ideológica, fueron ayer sometidos a indagatoria en el Juzgado de Instrucción Penal 12ª que lleva la investigación. Todos negaron responsabilidad en los hechos, aunque sobresalieron las declaraciones del juez y su secretario. Además se conoció que están abjo investigación dos empleados bancarios, uno ya identificado.
En la tarde de ayer se presentó a declarar en el juzgado y con la presencia del fiscal Carlos Cobani, el suspendido juez Alejandro Martín. Fue con sus representantes legales Carlos Varela, Adrián Martínez y Carlos Edwars.
Martín presentó dos escritos de 30 hojas cada uno. Uno, realizado por él mismo, hace referencia a las imputaciones. El otro es una evaluación técnica de las conductas que le endilgan. Además, le hicieron cerca de 100 preguntas, la mayoría de las cuales se excusó de responder argumentando que carecía de documentos a la vista para hacerlo. El magistrado –separado preventivamente de su cargo en el Juzgado Civil y Comercial 17ª por la Corte suprema provincial– declaró con todo por voluntad propia, ya que sus fueros le permiten negarse a esa requisitoria. Igual, adujo que muchos oficios los firma basado en la confianza que le profesaba a su secretario, Ricardo Lavaca. Éste, también apartado del cargo, realizó un descargo análogo y simétrico: descargó en el magistrado las responsabilidades por los documentos que salían del despacho donde ambos trabajaban. Fuentes muy calificadas de Tribunales dijeron anoche a este diario que ese cruce puede ser parte de la estrategia de defensa para evitar la figura de asociacón ilícita, la más grave que podría llevarlos tras las rejas. Sobre todo si se tiene en cuenta que Martín y Lavaca trabajan juntos y tiene una relación personal de muchos años.
Las indagatorias
Durante la mañana, el primero en declarar fue el abogado Jorge H., quien fue acompañado por su defensor Adrián Spelta. El letrado expuso una negativa general de la imputación y se abstuvo de declarar. Luego, cerca de las 11, ingresó al juzgado Martín S., quien reconoció haber cobrado en una oportunidad a pedido de Luciano G.M., quien le había entregado el oficio diligenciado para que él lo cobrara. Fuentes judiciales referenciaron que Martín S. manifestó que se trató de una circunstancia aislada, que fue a pedido de otra de las personas investigadas, y que lo hizo como un favor. Además, aclaró que desconoce la operatoria que está siendo investigada.
Luego ingresó el martillero Oscar C. con sus defensores Germán Mahieu y Froilán Ravena, para negar toda participación.
Fuentes relacionadas al caso refirieron que la imputación a los seis involucrados fue amplia y que hoy les darán copia de las actas, que son distintas para cada uno. Básicamente, remiten a los delitos de asociación ilícita y los artículos 172 y 173 inciso 4º que se refieren a estafas. Algunos están acusados como coautor y otras como partícipe necesario. Oscar C. negó rotundamente alguna participación, desconoció cualquier connivencia con los otros imputados, explicó que es martillero y que es sólo un auxiliar de la Justicia, que no es parte en los expedientes y que no esta en condiciones de pedir órdenes de pago. Y acompañó un convenio que cobró en un expediente por un trabajo. Justificó a su vez por qué cobró sus honorarios.
El abogado Adrián Spelta refirió que sus clientes Jorge H. y Luciano G.M. negaron la imputación habida cuenta de la complejidad de la acusación. La causa tiene unas cuatro fojas, por lo que van a tomar conocimiento en profundidad de la imputación para luego ampliar las indagatorias y dar las explicaciones requeridas.
A las 14 estaba citado el secretario Lavaca, quien pidió una prórroga de unas horas porque debía dar clases. Y pasó para después de la declaración del juez. La imputación es asociación ilícita, estafas reiteradas, defraudación y falsedad ideológica entre otras.
Los delitos que se investigan remiten a extracciones de fondos –vía oficios– de cuentas judiciales inactivas en el Banco Municipal, entidad a la que habían sido traspasadas hace dos años desde el Nuevo Banco de Santa Fe. El monto de las presuntas maniobras investigadas asciende en principio a un millón de pesos, pero se sospecha que puede ser mucho mayor. El propio Banco Municipal fue la entidad que elevó la primera alerta.
