El Poder Ejecutivo presentó ayer el recurso de per saltum a la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la constitucionalidad de los artículos de la ley de Medios que cuestiona el Grupo Clarín, al tiempo que solicitó una “rápida solución judicial” al expediente.
Así lo explicó el ministro de Justicia, Julio Alak, durante el anuncio realizado a la prensa: “La salud de nuestra democracia, el pleno funcionamiento de los poderes del Estado y la voluntad popular exigen una rápida solución judicial a esta cuestión”.
Para el titular de la cartera de Justicia, “la prolongación indefinida no es compatible con el sistema democrático, ni con un sistema que debe privilegiar el rápido, eficiente y justo accionar de la Justicia”.
Al anunciar la presentación del per saltum ante la Corte, el ministro recordó que la medida “se acumula al recurso extraordinario presentado recientemente por el Poder Ejecutivo en contra de una resolución de la Cámara Civil y Comercial, que había dispuesto en contra de la Corte un nuevo alargamiento de la cautelar que favorece a Clarín”.
Es que la Corte quedó ayer también habilitada para resolver sobre la prórroga a la medida cautelar que impide aplicar dos artículos de la ley de medios al Grupo Clarín, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal concediera el recurso extraordinario contra esa medida, que presentó el gobierno.
“Recurrimos a la Corte para que haga valer el pronunciamiento del 22 de mayo, que ponía fin a la cautelar, pero también para que se expida sobre la constitucionalidad de la ley, que Clarín ha desconocido durante tres años”, sostuvo Alak.
El máximo tribunal había dispuesto el 22 de mayo que el 7 de diciembre debían cesar las extensiones de las cautelares que favorecían a Clarín, pero un día antes, el 6 de diciembre, la Cámara Civil y Comercial concedió una extensión de la cautelar a Clarín.
El ministro recordó además que el juez Horacio Alfonso confirmó recientemente, “en una sentencia definitiva de primera instancia”, la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley, cuestionados por Clarín, dejando así habilitado al gobierno a presentar un nuevo recurso de per saltum.
El antecedente
El Ejecutivo había presentado semanas atrás otro recurso de per saltum contra la medida cautelar dictada en segunda instancia, pero la Corte entendió en esa momento que el procedimiento no era aplicable.
Alak explicó que ahora “se dan las condiciones” para solicitar el per saltum, y mencionó la “gravedad institucional” de la causa, ya que “excede el interés de dos partes porque involucra a toda la sociedad que espera, con angustia y preocupada, que se cumpla la ley votada por el Congreso”.
Entre otras condiciones, dijo que hay una sentencia de primera instancia –la dictada por el juez Alfonso–, y que existe una medida cautelar, la que dictó la Cámara el 6 de diciembre.
Sentencia definitiva
“El Estado pretende con el per saltum que haya sentencia definitiva, y que en la Argentina tengamos resoluciones rápidas”, sostuvo.
Indicó además que el Poder Ejecutivo hace la presentación “en defensa del interés del Estado, en defensa del interés público, del cumplimento de las normas, y en defensa de los superiores intereses de la Nación”.
“Esperemos que, a la brevedad, este recurso permita a la Corte abocarse al tema y darle una resolución definitiva para la plena vigencia de la ley, como espera la mayoría del pueblo argentino”, concluyó el funcionario.
Clarín dice que Alak “miente”
El Grupo Clarín consideró ayer que el ministro de Justicia Julio Alak incurrió en «falsedades y mentiras» sobre la ley de Medios cuando anunció «el segundo pedido de per saltum en pocos días», al decir que el fallo de la Corte del 22 de mayo fijaba el 7 de diciembre como fecha tope de la medida cautelar y que ésta no se podía extender. «Por el contrario, el fallo dice expresamente que el plazo de la cautelar puede ser revisado», recordó Clarín.
En un comunicado, el multimedios señaló que a lo largo de todo el juicio «el Estado incurrió en maniobras dilatorias, que se exacerbaron una vez que la causa estuvo lista para sentencia». Detalló que desde septiembre «el gobierno lanzó una campaña de amenazas y presiones contra la Justicia, buscando correr a todos los magistrados que debían tomar decisiones en la misma».
