La Corte Suprema resolverá hoy si trata el segundo recurso de “per saltum” presentado por el Gobierno para que el máximo tribunal defina sobre la constitucionalidad de los artículos de la ley de medios que regulan la desinversión, actualmente apelados por el Grupo Clarín. Al mismo tiempo, los ministros deberán resolver el recurso de queja que interpuso el oficialismo ante la Cámara Federal en lo Civil y Comercial luego de que los jueces de la Sala I de dicha instancia extendieran la medida cautelar favorable al monopolio Clarín el pasado 6 de diciembre.
Los jueces llegarán al último acuerdo del año sin haber analizado proyectos de resolución sobre el «per saltum» aunque sí con varios intercambios informales. El análisis de los secretarios letrados recomendaría una nueva desestimación por considerarlo escaso de fundamentos concretos y excesivo en jurisprudencia y doctrina de carácter abstracto.
En estos despachos llama la atención todavía que el Gobierno haya presentado un nuevo «per saltum» aun cuando la sentencia de fondo del juez subroganteHoracio Alfonso le fue favorable. La Ley 26.790 le reserva esta posibilidad a las partes que hayan tenido sentencias de primera instancia adversas.
Anoche en los despachos del cuarto piso aseguraban que el debate podría prolongarse hasta mañana. Al mismo tiempo se da por descontado que el «per saltum» acaparará gran parte de la discusión, relegando la medida cautelar a un segundo plano.
En este sentido, ayer Alejandra Gils Carbó elevó un dictamen a la Corte en el cual recomienda revocar la medida cautelar que favorece a Clarín respecto de los artículos de desinversión. Es un escrito presentado contra reloj y que revive la histórica puja tribunalicia de la procuradora general con la empresa. Un duelo cuyo origen se remonta al momento de la firma de la fusión Cablevisión-Multicanal, cuando los ánimos políticos eran la antítesis de los actuales.
En su escrito, Gils Carbó cuestionó la decisión de los camaristas Francisco de las Carreras y Susana Najurietade extender la medida cautelar favorable a Clarín el pasado 6 de diciembre, horas antes del fallido 7-D. «Si tiene sentido la imposición de un plazo de vigencia de una medida cautelar es precisamente para que a su término la medida cautelar se extinga si es que todavía se extiende la demora en la solución definitiva del pleito. En particular, el hecho normal de que para entonces la decisión sobre el fondo del litigio esté más cerca de ser adoptada que cuando se dictó la medida, o que incluso sea inminente, no da razón para revocar el plazo impuesto», expresa el dictamen elevado a la Corte.
Es la primera intervención formal de la procuradora en la versión más reciente de la polémica por la ley de medios. Días atrás, luego de una solicitada promovida por jueces de todo el país que alegaban supuestas presiones del Gobierno, Gils Carbó lanzó una suerte de contra-solicitada en la cual se desmarcó de la posición de sus colegas, una cruzada en la cual la acompañaron jueces y fiscales federales. Tal fue el efecto que los firmantes se ausentaron de los festejos de fin de año de la Asociación de Magistrados y montaron su propia celebración en el Centro Argentino de Ingenieros, en compañía del titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde.
