A principios de 2012, el presidente José “Pepe” Mujica, que transita el tercer año de su gobernación de un total de cinco, apuntó en su agenda tres proyectos clave: aborto libre hasta el tercer mes de gestación, la legalización de la marihuana y el aval al matrimonio de personas del mismo sexo. Estas medidas progresistas no sólo fueron un cimbronazo para los tres millones de habitantes de Uruguay, sino para el resto de la comunidad internacional, que vieron cómo este pequeño país levantaba la bandera de varios grupos sociales.
Hasta el momento, la única de las tres reglas que ya fue convertida en ley es la interrupción del embarazo –en vigor desde principios de diciembre–, pero de forma sorpresiva Mujica anunció que apoyará la campaña de recolección de firmas para la realización de un referéndum que podría derogarla. En medio de la polémica, el mandatario aseguró que “esta decisión debió estar en manos del pueblo y no del Parlamento”.
Hacia 2008, el Congreso liderado por el oficialista Frente Amplio logró el visto bueno a una ley similar, pero el entonces presidente Tabaré Vázquez la vetó por razones jurídicas, aunque anteriormente ya había deslizado “diferencias” con la idea. Ahora, la oposición liderada por el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) estiman alcanzar los respaldos suficientes para realizar la consulta, que podría dar marcha atrás con la polémica normativa.
Por otra parte, el matrimonio homosexual, también propósito oficialista, iba ser votado en el Senado esta semana, pero el debate final fue interrumpido hasta mediados de abril en medio de una fuerte polémica. El proyecto de ley, aprobado el pasado 11 de diciembre por la Cámara de Diputados con votos de todos los partidos con representación parlamentaria, iguala los derechos y obligaciones de los enlaces de las parejas homosexuales con los celebrados entre heterosexuales, lo que significa una modificación en el Código Civil. Aunque la medida podría haber salido adelante sólo con los votos del oficialismo, la oposición pidió tiempo para reflexionar, lo que finalmente fue acatado por la cámara.
Aun así, de las tres reformas, la de la marihuana fue con creces la más provocativa y representó la contrapartida del actual plan internacional de lucha antidrogas, aunque fue también la que peor suerte corrió, dado que ni siquiera pudo ser tratada en el Congreso.
A mediados de noviembre, el propio Mujica, pidió frenar el trámite parlamentario debido al fuerte rechazo ciudadano a la propuesta, que llega al 64% de la población y ha hecho estragos en su popularidad como gobernante.
La nueva estrategia fue planteada para frenar la creciente delincuencia juvenil, uno de los mayores problemas para el gobierno y una excusa para el resto de los partidos politicos para proponer la rebaja de la edad penal a los 16 años. Las autoridades sostienen que quienes consumen cannabis deben comprarla a los mismos narcos que trafican otras sustancias ilegales, las que finalmente también adquieren. Por eso, el gobernante anunció en junio su intención de que el Estado asuma el práctico monopolio del negocio del canabis, un verdadero hito a nivel mundial. Pero por ahora, pareciera que la idea sólo queda en intenciones.
Al respecto, el analista Eduardo Botinelli, de la consultora local Factum explicó al diario El Observador que “es positivo que el presidente tenga en cuenta a la opinión pública para impulsar un tema, pero también es cierto que pueden hacerse estudios previos, es decir antes de concretarse un anuncio oficial. Esas investigaciones detectan incluso las resistencias que puede tener un proyecto en la ciudadanía”. Los tropiezos no pasan inadvertidos, y en los sondeos de opinión, la oposición ya suma más votos que el Frente Amplio, un error que será difícil de revertir.
