Desde la Concejalía Popular se sigue atentamente la problemática que padecen los inquilinos frente a los distintos inconvenientes que se registran en la ciudad a la hora de buscar una vivienda. Es por eso que esa organización volverá a la carga con su propuesta de crear el Servicio Público de Alquiler, que apunta a reconocer la necesidad de disponer acciones y recursos para responder en forma activa el déficit de viviendas rentadas, y el Registro de Contratos Locativos, que apunta a transparentar el mercado del alquiler evitando abusos del derecho y contratos que violen las normativas existentes. Así lo anunció su titular, el ex concejal Nire Roldán, quien le adelantó a El Ciudadano que están esperando el inicio del año parlamentario para acercar nuevamente al Palacio Vasallo estas iniciativas.
Consultado sobre qué se propone, en líneas generales, a través del Servicio Público de Alquiler, Roldán explicó: “Lo que proponemos es que el Estado municipal plantée políticas públicas, invirtiendo tiempo y recursos en la atención directa de la problemática del inquilino; por ejemplo, que garantice un paquete de inmuebles con ofertas equitativas para evitar abusos en la renovación de los contratos. Los últimos datos que tenemos indican que un inquilino que paga 1.000 pesos mensuales de alquiler, ahora, para recontratar el inmueble va a tener que destinar 1.000 dólares promedio en concepto de las comisiones que cobra la inmobiliaria, mes adelantado y demás costos que acompañan esta operación. A esto va a tener que sumarle los aumentos en los costos mensuales que desde comienzo de año están entre el 22 y el 27 por ciento. Esto es algo realmente prohibitivo para cualquier trabajador que tenga que hacerse cargo. Por eso entendemos que es absolutamente necesario ir al Concejo Municipal”.
“¿Están recibiendo quejas en la Concejalía con respecto a los alquileres?”, se le preguntó más adelante. “Es permanente la atención de inquilinos, ciudadanos que tienen problemas para renovar contratos porque se piden cifras que significan sumas inalcanzables para cualquier ciudadano medio. Además, se firman contratos con cláusulas abusivas. Está el tema de la famosa bonificación, que en realidad es lisa y llanamente una indexación encubierta, algo que está prohibido”, respondió.
“También se presentan los problemas a la hora de entregar la propiedad, ya que ante cualquier retraso y por cada día de demora se cobran intereses absolutamente abusivos y muchos terminan pagando el valor de otro mes de alquiler. Está también el severo problema de las garantías, que es la dificultad para acceder a ellas y el abuso que significa la venta de garantías truchas, algo que va en perjuicio de todos, porque el inquilino queda sujeto a esta práctica ilegal y el propietario se encuentra con una garantía que carece de validez legal”, enumeró.
Desde la Concejalía Popular destacan además que es necesario crear un fondo especial destinado a vivienda pública en alquiler, dirigido en primera instancia a las personas de ingresos medios que hoy alquilen. Este fondo estaría integrado principalmente por un porcentaje importante de los aportes al Drei de quienes intervienen en la intermediación inmobiliaria (con un 50 por ciento).
“Con la creación y puesta en marcha del Registro de Contratos Locativos tendríamos certezas en la cantidad y calidad de los alquileres, y además un seguro incremento de los aportes debido a la voluntaria inclusión de los contratos por parte de los inquilinos y los propietarios de buena fe”, según se indica.
“También, mediante fondos provenientes de los planes destinados a vivienda, provinciales y nacionales, junto a la participación de actores privados del sector de la construcción y mediante ajustes en la normativa referida al Código Urbano, se recibirán incentivos para dirigir la construcción a este tipo de proyectos”, se destaca más adelante.
“Hoy creemos que es una obligación para quienes pretendemos ser representantes de la comunidad atender los principales problemas urgentes que tiene la ciudadanía. Éstos sin duda son la defensa de las fuentes de trabajo y la necesidad de una vivienda digna donde poder realizarse en familia dentro de un entorno de sustentabilidad social”, añaden en la Concejalía.
Garantías propietarias
El proyecto suma la iniciativa del concejal socialista Orlando Debiasi, aprobada el año pasado en el Concejo Municipal, que plantea que quienes no posean las dos o tres garantías propietarias de la provincia de Santa Fe, que exigen las inmobiliarias, exclusivamente aquí, ahora tendrán otras posibilidades de acceder a la vivienda. Mediante una operatoria del Banco Municipal que facilitaría los avales a quienes los carezcan.
En la misma iniciativa –que todavía no mostró una sólida puesta en práctica– se le solicita al Poder Ejecutivo que analice también la factibilidad de “incrementar la tasa municipal, en un parámetro que no sea menor al 50 por ciento de su monto total, a aquellas viviendas que se encuentren ociosas y/o aquellas que durante seis meses no presenten prestación de servicios y se encuentren sin ocupantes”, como también “la factibilidad de otorgar una compensación en la tasa a los propietarios de las viviendas que se encuentran en alquiler permanente”.
