Un motín en la cárcel venezolana de Uribana, en el estado Lara (noroeste) dejó al menos 54 muertos, en uno de los episodios más violentos de las últimas décadas en los penales del país.
«Hay saldos lamentables, hubo una situación de confusión trágica que nosotros lamentamos», dijo el vicepresidente Nicolás Maduro, al anunciar la apertura de tres investigaciones por parte de las autoridades públicas para aclarar «qué sucedió».
Más temprano, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, había anunciado en la televisora estatal VTV que una requisa en busca de armas provocó un motín de un grupo de presos armados, que «arremetieron contra los efectivos de la Guardia Nacional con un lamentable saldo de afectados», que no precisó.
Entre los afectados se encuentran presos, efectivos militares y custodios del centro, según dijo Varela, que prometió un informe detallado cuando las autoridades tengan el «control absoluto» del penal.
Imágenes de medios locales mostraron barricadas de la Guardia Nacional a las afueras del penal, reos siendo trasladados con sus ropas ensangrentadas y familiares de los presos –principalmente mujeres– llorando desconsolados a la espera de noticias.
La acción gubernamental para el «desarme total» de los reclusos se precipitó luego de que las autoridades supieron de supuestos «ajustes de cuentas entre las bandas internas que pugnan por el control del centro», señaló Varela, que culpó al canal privado Globovisión y a otros medios de «detonar» la violencia al difundir el operativo antes de que se pusiera en marcha.
Por su parte, Maduro dijo que el gobierno tomará las «medidas correctivas a fondo», a la vez que aseguró que el proceso de «regularización de las cárceles va a continuar» para acabar con la violencia en esos recintos.
«¿A quién le van a echar la culpa de esta nueva masacre en una cárcel de nuestro país? Gobierno incapaz e irresponsable», criticó en Twitter el líder opositor Henrique Capriles Radonski, añadiendo que recibió llamadas de «familiares desesperados» de los reos.
El director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, lamentó a su vez que el «Estado venezolano no haya asumido hasta el momento su responsabilidad en los hechos» y en cambio «culpara a los medios de comunicación», recordando además que Uribana se encuentra bajo medidas provisionales de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde 2006.
«La Corte Interamericana ordenó al estado venezolano que no podía morir un interno más en ese centro, pero lamentablemente el Estado venezolano no ha cumplido y, en cambio, ocurre un episodio de violencia tan grave», añadió a la AFP Prado.
Según datos del OVP, Uribana fue diseñada para albergar a 850 reos, pero «tiene unos 2.500 en la actualidad». Además, según la ONG el penal se caracteriza por albergar los violentos «coliseos», en los que presos se enfrentan entre ellos con armas blancas como un divertimento y una forma de ganar prestigio.
Las cárceles venezolanas sufren problemas de insalubridad, hacinamiento y violencia, y en muchos casos son controladas por bandas de reclusos fuertemente armados, que constantemente generan enfrentamientos internos.
En agosto del año pasado, al menos 25 personas fallecieron y otras 43 resultaron heridas en un enfrentamiento entre bandas en la cárcel de Yare I, cerca de Caracas.
En junio de 2011, un sangriento motín en la prisión del Rodeo, también cerca de la capital, dejó una treintena de muertos y varios reclusos fugados.
Buscando atender los problemas carcelarios, fue creado el ministerio de Asuntos Penitenciarios en julio de 2011, pero según activistas de derechos humanos, durante el primer año de su funcionamiento, más de 500 reclusos perdieron la vida y al menos otros 1.200 resultaron heridos, lo que superó cifras de años anteriores.
El gobierno, por su parte, no difunde informes periódicos sobre la situación en las cárceles y la mayoría de sucesos violentos no son confirmados por las autoridades nacionales.
Según cifras oficiales, hay casi 50.000 reclusos en Venezuela pero la infraestructura carcelaria sólo tiene capacidad para albergar a unos 14.000.
