La presidenta Cristina Fernández insistió ayer en la necesidad de “democratización de la Justicia” a raíz de una causa que, con el aval de “un juez y un fiscal”, perjudicó a 1,7 millón de usuarios con el “cobro indebido” de comisiones por parte de un grupo de bancos y la negligencia de los abogados de una ong que representaron a los damnificados.
“Esas cosas son las que me hacen insistir más en la democratización de la Justicia”, dijo Cristina, y admitió: “Ya tenemos varios proyectos en mente y lo vamos a dar a conocer oportunamente”.
El diario Página 12 publicó ayer una nota en la que afirma que la ong de defensa al consumidor Adecua, cuya titular es Sandra González, “firmó acuerdos con seis bancos y financieras que cerraron juicios por indemnizaciones millonarias en favor de 1,7 millón de usuarios” y que “los convenios terminaron librando a las empresas de pagar 367 millones y el 99 por ciento se quedó sin nada”.
Ayer, al hablar en la Rosada tras anunciar la intervención del ferrocarril Belgrano Cargas, Cristina incluyó en lo que define como la “democratización de la Justicia” a “la designación y elección de jueces”, así como el “enjuiciamiento” de los magistrados en un eventual proyecto del oficialismo.
Según relató la jefa del Estado, la denuncia de una usuaria, cuya identidad no divulgó, fue recepcionada por “la Secretaría de Defensa de la Competencia”, a cargo de María “Pimpi” Colombo, por el “cobro indebido de comisión bancaria”, lo que calificó como “a estas pequeñas o grandes estafas a usuarios y consumidores”.
“Fueron a una organización no gubernamental, estas que defienden sus derechos, pero como siempre en la Argentina la desnaturalización, la desviación de la defensa”, enfatizó la presidenta, quien vinculó en la denuncia a “5 o 6 importantes bancos” con un “perjuicio a más de 1,7 millón de usuarios de esos bancos” por un total de “367 millones de pesos”.
“La ONG que dice defender a los consumidores, logró un acuerdo con un juez o un fiscal, que establecía que a este 1,7 millón de usuarios perjudicados, sus abogados iban a recibir el resarcimiento”, afirmó. “Llama la atención que el juez no haya dispuesto directamente que se acredite (la indemnización) en la cuenta del cliente del banco. Es muy raro que el juez y los abogados de la ong, ni los bancos, hayan advertido que era más fácil que acreditaran directamente en la cuenta de cada usuario”, insistió Cristina.
“¿Adivinen cuánto cobraron los abogados de la ONG de defensa de consumidores por el trabajo maravilloso que hicieron?”, ironizó la presidenta y se auto respondió: “15 millones cobraron los abogados y lo pagaron los bancos”.
En ese marco, advirtió que “cuando se trata de condenar al Estado o juzgar a funcionarios, hay una cola larga de jueces y fiscales tratando de hacer justicia” pero “cuando se trata de privados, nunca sabemos qué fiscal o qué juez está, nadie habla”. Luego, reclamó la intervención “del Ministerio de Justicia” o de “alguien”, en favor de los usuarios perjudicados.
“Cuando tengan problemas asesórense con qué organización van”, pidió Cristina, al fustigar a Adecua. Por eso, consideró necesario que para esos casos exista “un modelo, un protocolo del cual no se puedan apartar” y adelantó: “Lo vamos a instrumentar, si es necesario, mediante la reforma de la ley de Defensa del Consumidor, para que quede consagrado como modelo de contrato y nadie se haga el distraído”.
