Con un cambio en la fecha de inicio como única novedad, está casi todo listo para el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura en la capital de la provincia. Se trata de la llamada causa Barcos, en la que está imputado el ex espía civil del Ejército Horacio Américo Barcos y por la que se investiga un solo hecho: el secuestro y posterior tortura contra el matrimonio formado por Amalia Ricotti y Alberto Tur.
El juicio empezará el viernes 5 de marzo, hay previstas cinco audiencias de exposición de testigos y dos días para los alegatos y, si se cumplen los plazos, el miércoles 31 se leerá la sentencia. El imputado está acusado de secuestro, privación ilegal de la libertad y tormentos contra una pareja de militantes en Santa Fe, hecho ocurrido en 1978.
Barcos fue dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y cobró un sueldo como personal civil de inteligencia (PCI) hasta el año 1997. “Quique” Barcos, como se lo conoce, se desempeñó como PCI desde 1978, trabajó en la administración pública en los años 80 y fue dirigente de la Uocra y también de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cuando el sindicato de estatales estaba conducido por gremialistas cercanos a los jerarcas de la dictadura.
La Justicia ha probado que Barcos encabezó el operativo de detención ilegal de Ricotti y de Tur y que los llevó hasta un lugar cercano a la capital santafesina, donde sufrieron tormentos. El centro clandestino de detención aún no ha sido identificado; se especula que pudo haber estado ubicado en las afueras de Santo Tomé –al oeste de la capital provincial– o en el distrito costero de La Guardia, al este del caso urbano de la ciudad.
El juicio contra Barcos debía realizarse en mayo del año pasado, pero fue pospuesto por presentaciones del abogado defensor, quien cuestionó la designación del secretario del Tribunal Oral Federal, Daniel Laborde, como tercer juez, en reemplazo de Ramiro Puyol, quien primero se excusó de participar del proceso –por estar emparentado con víctimas directas de la dictadura– y luego se jubiló. Los jueces José Escobar Cello e Ivón Vella conformarán junto a Laborde el tribunal.
La denuncia que llevó a Barcos a la cárcel –donde espera el inicio del juicio– la realizó Amalia Ricotti hace cinco años. El juez Reinaldo Rodríguez lo procesó por delitos contra la humanidad –tormentos y privación ilegítima de la libertad–, dictó prisión preventiva y le trabó un embargo por 180 mil pesos. En octubre de 2007 Barcos fue reconocido por su denunciante en una rueda de personas ordenada por el juez.
Ricotti lo identificó como el hombre principal de la patota que la secuestró junto a su marido el 16 de mayo de 1978 en la zona del puerto santafesino. Tras el reconocimiento de la querellante, Barcos quedó detenido y fue trasladado a la cárcel de Las Flores. Ricotti declaró que fue Barcos el que la secuestró y la mantuvo en cautiverio junto a su esposo durante unos quince días. La denunciante le dijo al juez Rodríguez que varias veces había visto a Barcos en la peatonal santafesina y también “entrando y saliendo” del edificio donde ahora funciona la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Tras la denuncia, el juez pidió informes al Ministerio de Defensa de la Nación y como respuesta obtuvo importante información reservada sobre el personal que reportaba directamente al Destacamento de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura.
