El gobierno cordobés suspendió por dos meses el cese preventivo de las antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA), al considerar que la Nación se comprometió a ajustarse a la ley provincial a partir de las presentaciones de la empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (Arsat).
De esta forma, la provincia levantó las inhabilitaciones, fijó un plazo de 60 días para cumplimentar los requisitos y dijo que la Nación admitió las “irregularidades” en la instalación de las Antenas TDA en las localidades de Villa María, Leones, Malagueño y Villa Dolores.
La decisión se produjo poco antes de que el juez federal Alejandro Sánchez Freytes hiciera lugar a la medida cautelar presentada por la Nación y emplazara a la empresa Arsat para que en el plazo de 90 días cumplimente las observaciones formuladas por la Secretaría de Ambiente, “y adecue la instalación de las antenas y su funcionamiento a la normativa local”.
En su sitio web oficial, el gobierno que encabeza José Manuel De la Sota señaló que Arsat admitió “irregularidades en la instalación de Antenas de Televisión Digital Abierta (TDA) en la provincia de Córdoba” y, por tal motivo, solicitó a la Secretaría de Ambiente cumplimentar lo establecido en la ley provincial 7.343 y su decreto reglamentario 2.131.
Según indicó, a partir de las presentaciones de Arsat y teniendo en cuenta que la Nación decidió “someterse a lo establecido en la legislación provincial”, la Secretaría de Ambiente de la provincia resolvió “dejar sin efecto el cese preventivo y precautorio dictado sobre las antenas y concedió un plazo de 60 días para que Arsat de cumplimiento a los requisitos técnicos de conformidad a la legislación cordobesa”.
“Arsat decidió someterse a las normas vigentes en nuestra jurisdicción y corresponde declarar la suspensión del cese preventivo para las cuatro antenas”, señaló el secretario de Ambiente de la provincia mediterránea, Federico Bocco. El funcionario agregó que en caso de cumplir todos los requisitos legales correspondientes “las antenas quedarán habilitadas como lo establece la ley”.
Poco después de conocerse la decisión del gobierno de De la Sota, el juez Sánchez Freytes hizo lugar a la cautelar de la Afsca, y a su vez emplazó a Arsat “por tres meses” para que “cumplimente con las observaciones formuladas por la Secretaría de Ambiente”.
“Corresponde que la empresa Arsat SA proceda a corregir los defectos señalados por la administración provincial y adecuarlos a la normativa provincial, con el propósito de dar efectividad al federalismo jurídico que surge de la Carta Magna y que los Tribunales están obligados a custodiar”, indicó el magistrado.
Agregó que ninguna de las “omisiones o errores que apunta la administración provincial” alude a la existencia de “un impacto ambiental actual, inminente y grave, como así tampoco daño a la salud de la población, que amerite detener las obras llevadas a cabo por la empresa Arsat, ni interrumpir las trasmisiones televisiones”.
En la resolución, Sánchez Freytes agregó que si bien la obra ejecutada por Arsat “tiene importancia nacional”, ello no autoriza a “desconocer la normativa específica establecida por el gobierno local”. Sin embargo, la norma era desconocida por otras empresas.
