La crisis económica en España ha virado hacia una realidad trágica con el alarmante crecimiento de suicidios entre personas que están prontas a ser desalojadas de sus domicilios por no poder cumplir con el pago de sus créditos bancarios. Aunque el número de casos no está claro, la organización Stop Desahucios, integrada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), estima que el 34 por ciento de las personas que se quitan la vida en el país tiene que ver con cuestiones relacionadas con la pérdida de su vivienda.
El conteo llevado a cabo personalmente por diferentes medios de comunicación locales llegaba en noviembre de 2012 a 119 muertes por ese motivo, entre los cuales figuran cabezas de familia y ancianos. Sólo en la última semana cuatro personas, entre ellas un matrimonio de jubilados, se suicidaron tras recibir la notificación del banco que los conminaba a abandonar sus casas.
Según fuentes oficiales, son más de 500 los desalojos diarios que se llevan a cabo en España, paradójicamente en un país donde más de 2,8 millones de casas están vacías y a estrenar. En un censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se remonta al año 2001 y que cifra también entre 15.600 y 20.600 las personas sin techo, se revela que hay cien viviendas sin habitar (sin contar las segundas residencias, que suponen el 16 por ciento del total de las viviendas) por cada persona sin hogar. La organización Caritas casi duplica la apuesta al afirmar que son más de 30.000 las personas en esa condición.
Desde la plataforma Stop Desahucios se afirmó que los suicidios aparejados a los desalojos y a la crisis económica en general “son una realidad que muchas veces no trasciende”. “En un reciente certamen de psiquiatría se especificó que actualmente puede haber en España unos nueve suicidios diarios relacionados con la crisis económica y no se están tomando las medidas adecuadas “, subrayó.
Ante la emergencia, el Congreso aprobó el martes tramitar una iniciativa popular contra los desalojos que persigue, entre otras cosas, que si una persona no puede hacer frente a la hipoteca la deuda quede saldada con la entrega de la vivienda. El tratamiento fue posible gracias al cambio del voto, a último momento, del Partido Popular (PP), de Mariano Rajoy, que inicialmente había anunciado su oposición.
Desde el inicio de la debacle financiera en 2008, se han realizado más de 400 mil ejecuciones hipotecarias en España, que dejaron en la calle a centenares de miles de personas con una deuda de por vida. La actual ley hipotecaria no contempla en forma general que la entrega de la propiedad –acción conocida como dación en pago– sea suficiente para liquidar el débito adquirido con el banco, lo que obliga a los afectados a continuar abonando su crédito, a pesar de no tener casa.
La actual iniciativa logró sumar casi 1,5 millón de firmas, casi tres veces más del medio millón necesario para presentar en la Cámara baja del Parlamento español una iniciativa legislativa popular (ILP). La ILP ha sido impulsada por la PAH, que en los últimos meses ha conseguido frenar un importante número de desalojos. No obstante, aunque fue admitida, esto no implica que el texto no vaya a sufrir modificaciones durante el proceso parlamentario, ya que los conservadores rechazan parte de su contenido.
