Un aumento del 50 por ciento en la conflictividad entre inquilinos y propietarios producto de la mala praxis en los contratos en los últimos seis meses, beneficia a mafias que explotan la industria de los juicios por desalojos, advirtió ayer una organización civil del rubro inmobiliario.
El titular de Centro Argentino para la Transparencia Inmobiliaria (Cati), Ricardo Tondo, aseguró que “en los meses de marzo y abril el conflicto entre inquilinos y propietarios entra en su fase más aguda con las renovaciones y los nuevos contratos”.
Esto ocurre porque la resolución de las controversias que se postergan en diciembre y entran en un limbo en enero y febrero, terminan por estallar en marzo y abril.
El especialista explicó que “por eso es conveniente en esta época estar alerta sobre factores evitables que pueden causar problemas en relación locativa”.
“Precisamente, sobre esos potenciales factores de litigio operan verdaderas mafias enquistadas en las inmobiliarias, que incurren en una deliberada mala praxis profesional de la que más tarde sacan provecho”, señaló Tondo, en declaraciones que brindó a Diario Popular.
El responsable del Cati explicó que “hay una tendencia a judicializar y prejudicializar conflictos que podrían evitarse con una buena actitud preventiva en la redacción de los contratos, pero que una vez declarados podrían resolverse en negociaciones entre las partes”.
“En lugar de ello, estos caranchos que revolotean alrededor de las asociaciones de inquilinos y de las cámaras inmobiliarias enseguida recomiendan ir al choque con cartas documento y amenazas de acciones legales que desembocan en costosos juicios de desalojo”, indicó.
Para Tondo, hay factores de base que facilitan el aumento de la conflictividad, que según los registros del Cati tuvo una tasa de aumento del 50 por ciento en los últimos seis meses.
El primero es el mal asesoramiento que realizan las “inmobiliarias buitre”, que sólo se preocupan en cobrar comisiones abusivas sin importarles consolidar la buena relación entre las partes.
El segundo factor, detalló el especialista consultado, son los contratos mal confeccionados (es típico ir a la librería a comprar el modelo o copiar el primero que aparece en una página de internet) y la inclusión de cifras en negro para evitar la incidencia del IVA.
