Un dato llegado desde Nueva York provocó optimismo en el gobierno argentino. Los abogados que representan al país del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, y que están en permanente contacto con el equipo económico de Hernán Lorenzino, explicaron una eventualidad a los funcionarios locales: si la Cámara de Apelaciones de Nueva York acepta la propuesta de canje de deuda que se debe presentar antes del 29 de marzo, es posible que el juicio termine en esa instancia, ya que podría cerrarse la alternativa de apelación ante la Corte Suprema de parte de los fondos buitre. Como contrapartida, si ese tribunal de segunda instancia rechazara la presentación de la Argentina y obligara a pagar al contado el 100 por ciento a los holdouts, lo que el país rechazaría, sí estaría abierta la posibilidad de recurrir a la Corte. La diferencia y la mejor posición para el Ejecutivo nacional tendría una diferencia clave: en el caso de que se reabra la oferta, se estaría violando una ley federal de Estados Unidos, mientras que en el caso opuesto, no.
La explicación que llegó del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton es simple y depende de un tercer actor: el Bank of New York Mellon (Bony). Esta entidad es la encargada de concretar el pago a los tenedores de deuda emitida bajo jurisdicción de Wall Street. Es el agente que maneja el fideicomiso con el dinero que es girado desde Buenos Aires, y que deposita en las cuentas de los acreedores.
El fallo de Griesa de primera instancia de noviembre del año pasado, y que la Argentina apeló ante la Cámara, imponía responsabilidades directas al Bony para que éste capturara parte de los 3.500 millones de dólares que el país debía pagar el 15 de diciembre por la liquidación del cupón PBI, y que se los gire a los holdouts en las mismas cantidades que las liquidaciones a los tenedores regulares. Si se negaba a realizar esta operación, el Bony sería sancionado, con lo cual quedaba calificado por Thomas Griesa como cómplice de un delito junto con la Argentina.
Por esta acusación la entidad se convirtió en un aliado legal de la Argentina en el pleito, presentándose como tercero damnificado en la audiencia del 27 de febrero. En la presentación la entidad se describió como víctimas y fueron señalados por Ted Olson, el abogado del fondo buitre Elliott de Paul Singer como corresponsables del delito del que sólo podrían no verse implicados si la Argentina paga. De otra manera, “debe ser considerado en desacato”, según Olson.
Al exponer en la audiencia, el Bony planteó que sostener el fallo de Griesa, y ante la seguridad de que la Argentina no pagaría el 100 por ciento de la deuda aún en default, también le deberían hacer un juicio a la entidad para cobrar, abriendo una nueva instancia judicial para resolver el conflicto. Esta situación, según el Bony, implicaría volver todo a cero y “destruir al estado de Nueva York como plaza para reestructuraciones de deuda” demoliendo “80 años de negocios de fideicomisos de Wall Street”.
La interpretación del estudio norteamericano es que la única situación que garantizaría una eventual apertura del interés de la Corte Suprema de los Estados Unidos para tratar este tema es la del Bony como corresponsable del pago de la Argentina. El fondo Elliott y el resto de los acusadores avanzarían sobre el banco, lo que, según la interpretación del estudio Cleary, implicaría una cuestión que habilitaría al Bony a la instancia de defensa de la Corte. A esa instancia sólo llegan 25 o 30 causas por año, y sólo las que tienen baches constitucionales que necesiten definición son habilitadas. La responsabilidad del Bony, e indirectamente de la Argentina y los derechos de cobro de los holdouts, podría ser una de ellas.
No ocurriría lo mismo si el fallo no favoreciera a los fondos buitre y éstos quisieran apelar. Sucede que si la Cámara de Apelaciones aceptara la oferta que elaboran el equipo de Hernán Lorenzino y el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y que debe aprobar la presidenta Cristina de Kirchner antes de ser presentada ante el Tribunal de Nueva York, quedaría el fallo firme a favor de la solución del conflicto con la aceptación del plan de pagos, cualquiera que sea éste.
Si los fondos buitre no lo aceptasen, serían éstos los que deberían intentar que se abra la alternativa de la Corte, lo que se vería difícil al no encontrarse una ley federal violada, como sí lo habría en el caso del Bony.
