El accionar represivo coordinado de las dictaduras sudamericanas de las décadas del 70 y 80, que se conoció como Plan Cóndor, comenzó a ser juzgado ayer por un Tribunal Oral Federal porteño, con los ex jerarcas del régimen Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone sentados en el banquillo de los acusados.
Además, se encuentran implicados en este juicio jefes de zonas y subzonas en las que se dividió el país para la represión que denominaron antisubversiva, excepto el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, cuya situación deberá resolverse en los próximos días ya que está siendo juzgado simultáneamente en Córdoba por los crímenes en el centro clandestino de detención La Perla.
En este juicio, cuya duración se estima de dos años, se ventilarán 106 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, a los que se suman otros 65 cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionó en el Bajo Flores (Buenos Aires), donde 48 de las víctimas fueron de nacionalidad uruguaya.
Entre las personas secuestradas se cuentan la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena, quien fue llevada a Montevideo en un operativo conjunto de militares de ambos países y asesinada luego de dar a luz a su hija Macarena.
Por estos hechos se encuentra también acusado el ex coronel uruguayo Manuel Cordero, quien fue extraditado desde Brasil, ya que Uruguay no considera delitos de lesa humanidad los cometidos por los militares en ese país.
En su mayoría, las víctimas son de distintas nacionalidades de Sudamérica: chilenos, bolivianos, paraguayos y peruanos, además de argentinos.
En este juicio se encuentran imputados también en su mayoría, entre otros, los ex jerarcas militares argentinos Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Reynaldo Benito Antonio Bignone.
La opinión de los que acusan
La abogada querellante Alcira Ríos y el fiscal federal Miguel Ángel Osorio, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa, coincidieron en que durante el juicio “se va a demostrar la existencia de una asociación ilícita” que tuvo a su cargo la ejecución del plan en América latina.
En la aplicación del plan, los organismos de inteligencia coordinados se encargaban de la implementación “del mismo dispositivo de aniquilamiento” de opositores de izquierda que ejecutaban en cada uno de los países, aseguró Osorio. También destacaron la colaboración de Estados Unidos en la implementación del Plan Cóndor.
A su vez, la querellante Ríos destacó la importancia del juicio al asegurar que “todas las víctimas de los países del Plan Cóndor pueden encontrar justicia en la Argentina”. Además del delito de asociación ilícita, a los acusados se les achaca el de privación ilegal de la libertad, como delitos “de acción permanente”.
