Que los tiempos de la Justicia no condicen con el de las personas es una afirmación difícil de discutir. Procesos que duran años parecen sacados de la literatura pesadillesca de Kafka donde un mero trámite judicial puede tardar toda una vida. Pero el letargo del sistema en materia penal contiene otros matices que distan mucho del ideal de justicia. Por un lado, una población penal donde más de la mitad está detenida sin condena, y por otro, hechos que quedan impunes por causas que prescriben. Sobre ese punto “atemporal” se apoya el juez de Instrucción 9ª, Javier Beltramone, para hablar de lo que denomina el “ocaso de la Justicia”. Entre otros planteos polémicos aduce que vivimos en una sociedad que cuando detiene a una persona con pruebas fehacientes para demostrar su culpabilidad, por ejemplo un ladrón retenido por transeúntes con cartera en mano, lo primero que se hace es “excarcelarlo” para enjuiciarlo años después, lo que produce una “fuerte sensación de impunidad”.
—¿A qué se refiere con el ocaso de la Justicia?
—Esencialmente a que tarda ocho años en resolver lo que podría hacer en dos meses. Cuando hablo del ocaso del sistema judicial es por varias razones, la primera es que el tiempo de duración del proceso es irrazonable. Al ser tan extensos generan incertidumbre en la sociedad, desconfianza y, lo más grave, no cierran nunca el circuito del dolor. Cuando vos generás tantas categorías de revisión, lo único que hacés es hacer que víctimas y victimarios retransiten el dolor. Y no se puede, con el pretexto de una investigación ineficaz, generar cinco instancias recursivas sobre un mismo objeto de investigación.
—¿Los procesos son lentos por las apelaciones?
—Como están legislados y se tramitan los recursos, sí. No es razonable, y es ajeno a toda idea de justicia, por darte sólo un ejemplo, que en un homicidio ocurrido en accidente de tránsito, donde no existe discusión sobre autoría y poco sobre la prueba, se necesiten de cinco a siete años de discusiones dogmáticas y retóricas para tener certeza. Debemos comprender que, ante todo, el juicio es el derecho inalienable y humano de peticionar la resolución de un conflicto en tiempo razonable. Sin tiempo razonable no hay posibilidad de hablar de enjuiciamiento, porque el tiempo es inmanente al juicio.
—¿No hay que dar tantas garantías?
—Hay que dar garantías razonables. No es admisible un proceso de tres o cuatro años, en hechos que insisto pueden resolverse en meses, incluso en días.
—¿Y cuando las pruebas no son tan claras, que son la mayoría?
—No creo que sea tan así; un altísimo porcentaje del sistema penal se nutre de delitos en grado de tentativa, tipos que los detienen con «las manos en la masa», como te dije. El fiscal debe tener la posibilidad legal y real de ir a juicio directamente o abreviarlo, y esta posibilidad en delitos de penas leves –inicio de cualquier carrera delictual- no existe, pues la defensa hará lo que mejor le conviene que es simplemente lograr una excarcelación y esperar en el mejor de los casos la prescripción. Tan raro es lo que sucede hoy, que el juicio abreviado en esta provincia, que debería ser moneda corriente para delitos leves, sólo se utiliza para hechos graves que contienen penas efectivas, pues allí sí importa la pena y sí se comienza una negociación entre fiscal y defensa. Claro debemos cambiar fuertemente nuestra concepción de proceso.
—¿La Justicia es ineficaz?
—Por todo lo que te vengo diciendo es bastante ineficaz o cuanto menos el sistema así diseñado hace que cuando llega la certeza jurídica a veces sea demasiado tarde.
—¿Hay relación entre inseguridad y justicia criminal?
—Pienso que es un componente más, y no el único, que se refleja en la ineficacia a la hora de la investigación penal y en la efectividad de la Justicia en el tiempo.
—Pero la Justicia interviene con el delito consumado. ¿No hay un problema social de fondo?
—Seguramente, pero sostener sólo la idea de un problema social es la justificación de la ineficacia del sistema.
—Con el nuevo código procesal penal, ¿se van a acelerar los procesos?
—No lo creo, el nuevo código sigue imbuido de ideas inquisitoriales. Sencillamente se debe seguir una interminable cadena de pasos obligatorios, como lo es hoy pero con otros nombres, so pena de nulidad, para llegar a juicio. Si no cambian algunos aspectos relevantes posiblemente no sea lo que esperamos.
—Pero usted fue uno de los jueces que lo apoyó.
—Y lo sigo haciendo. Al menos el que viene es constitucional y se sabe quién es quién. El fiscal investiga y acusa, la defensa es eficaz y real, y los jueces no son parte de la investigación, sólo están para hacer lo que deben que es preservar el debido proceso. Pero a grandes rasgos –en lo que significa obtener una certeza de sentencia definitiva en tiempo razonable– no va a cambiar mucho.
—¿Es un problema de voluntad política?
—Es más complejo, hay una cuestión cultural clara que se arrastra desde hace años, no somos capaces de generar consensos globales en el tiempo y me incluyo. Hoy en nuestra provincia y para el nuevo código se designaron, hace dos años, fiscales y defensores regionales, que son jefes de supuestos fiscales o supuestos defensores inexistentes. Demasiado tiempo para seguir estando en soledad. Nos preguntamos desde hace 20 años por qué no tenemos una policía científica de alto calibre, bien paga y con la mejor tecnología, base esencial de cualquier investigación eficaz; será porque en el fondo no le tenemos confianza, o tememos que nos investigue a nosotros, no lo sé. Una sentencia da una porción de verdad, y esa porción de verdad debe estar inexorablemente ligada a un prudente plazo de tiempo, para ser respetada y creíble, sino todo es en vano. Y como enseña el Nano (Joan Manuel Serrat): “Nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio”.
