El Senado aprobó anoche y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura con 39 votos a favor (2 más que los requeridos por el artículo 114 de la Constitución) y 31 en contra, en el marco de un debate dominado por las críticas opositoras. En tanto, los senadores volverán hoy al recinto para debatir el proyecto de ley que regula las medidas cautelares.
Tras más de nueve horas de debate, el oficialismo impuso ayer su mayoría en la Cámara alta para aprobar la iniciativa central de la reforma judicial que impulsa el gobierno, mientras que la oposición en pleno votó en contra.
Por otro lado, el Senado preveía aprobar anoche, al cierre de esta edición, el proyecto que propone la creación de nuevos tribunales de Casación, con el voto mayoritario del bloque oficialista y sus aliados.
La sesión de ayer comenzó a las 12.40 y cerca de las 22 el Senado aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura, para abocarse luego al tratamiento de la iniciativa que crea tribunales de Casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y del Trabajo y la Seguridad Social.
El senador oficialista Marcelo Fuentes fue el encargado de abrir el debate, y sostuvo que el proyecto que eleva de 13 a 19 los miembros del Consejo de la Magistratura y los somete al voto popular podrá paliar la “conducta corporativa” que le atribuyó a la Justicia, a la que calificó como “permeable a los intereses económicos”.
Sin embargo, el tratamiento de la reforma del Consejo de la Magistratura fue casi un monólogo de la oposición, que no ahorró críticas a la iniciativa del oficialismo, cuyos senadores tuvieron pocas intervenciones en el debate.
El senador radical Ernesto Sanz criticó el proyecto que establece que los consejeros deberán ser elegidos a través de las boletas de los partidos políticos en las elecciones y sostuvo que esto funda “un nuevo paradigma, en el que el que gana se lleva todo”. Y agregó: “Yo no creo que con estos proyectos va a haber impunidad, porque la impunidad ya existe, lo que van a hacer con esto es consagrarla”.
Por su parte, Liliana Negre de Alonso, del Peronismo Federal, sostuvo que “lo que se quiere no es democratizar, lo que el gobierno quiere es garantizarse rápido que también el Poder Judicial le responda”, y sentenció: “Esto es un golpe de Estado constitucional”.
El radical Gerardo Morales consideró que “quieren garantizar impunidad porque después de 2015 van a hacer cola para ir presos, empezando por (Julio) De Vido”, y añadió: “Además, buscan debilitar a la Corte, porque dicta fallos ejerciendo la independencia propia de ese Poder, por eso le quitan el manejo de los recursos”.
En tanto, el senador del Frente Amplio Progresista (FAP) Jaime Linares sostuvo que “la verdadera intención de la reforma no es hacerla más accesible y transparente sino conseguir una mayoría que pueda controlar los tres poderes, como mencionó (la diputada oficialista) Diana Conti”.
El proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura establece que los consejeros deberán ser elegidos “en forma conjunta y simultánea” con las elecciones presidenciales, aunque señala que la primera elección de los miembros de ese organismo se dará, de forma excepcional, en las legislativas de octubre.
Así, en las boletas de cada partido político figurarán tres candidatos a consejeros en representación de los jueces, tres de los abogados y seis académicos, que convivirán hasta 2015 con los integrantes actuales del Consejo.
En tanto, al cierre de esta edición, el Senado trataba anoche el proyecto que establece la creación de nuevos tribunales de Casación para agregar a otros fueros la misma instancia que ya funciona para la materia Penal.
Diputados dio media sanción a los proyectos menos polémicos
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó anoche y dio media sanción al “acceso democrático” al Poder Judicial (133 a favor y 109 en contra), el registro público de causas (140 positivos y 101 negativos) y las declaraciones juradas en internet (136 a favor y 106 en contra), normas incluidas en el paquete de reformas judiciales del Ejecutivo y giradas ahora al Senado para su discusión.
Mientras la Cámara alta debatía otras tres iniciativas del oficialismo para la reforma de la Justicia, la sesión especial en Diputados comenzó pasado el mediodía, con quórum puramente kirchnerista, y finalizó cerca de las 22.30.
Los bloques de la UCR, el PRO, el Frente Amplio Progresista y el Frente Peronista se abroquelaron detrás de un dictamen conjunto de rechazo, en tanto que también presentaron un despacho propio la Coalición Cívica y el riojano Jorge Yoma, titular de la Comisión de Justicia, quien anticipó su voto en contra.
La discusión comenzó con la exposición de la diputada del FPV Diana Conti, que señaló: “El Poder Judicial debe ser democratizado, plural, no debe ser corporativo, no debe ser de una gran familia, debe tener vocación de resolver conflictos. Creemos que (los jueces) están en deuda con eso y queremos proponer medidas tendientes a provocar esa democratización”. Para la legisladora, “República y democracia no son conceptos dogmáticos, inmodificables, sino que son concepciones históricas que se han dado los pueblos para ver de qué manera convivir en paz”.
Su compañero de bancada Yoma, ahora alejado del gobierno, volvió a cuestionar que los proyectos hayan tenido como cabecera de tratamiento en comisión a Asuntos Constitucionales y no a Justicia, el cuerpo que él dirige. “Obviaron a Justicia, seguramente no hubo ningún tipo de intencionalidad. Que no sea que deriven a la comisión de Turismo una reforma constitucional”, ironizó.
Por la oposición, el radical Juan Pedro Tunessi cuestionó las normas y dijo que “los pobres van a estar tan lejos de la Justicia como hasta ahora”. Ricardo Alfonsín, por su parte, advirtió: “Tal vez la ley la puedan aprobar, pero lo que no van a aprobar es la prueba en las elecciones”.
La diputada Elisa Carrió aseguró que “no debe haber obediencia debida a declarar superflua a la Constitución nacional, para salvar el enorme miedo de una familia a explicar millones y millones de euros de un hombre que está muerto y que iba por todo”.
A su vez, el titular de Unión Peronista, Felipe Solá, sostuvo que la ley de ingreso igualitario al Poder Judicial “es inconstitucional”.
A su turno, el diputado del Frente Peronista Alfredo Atanasof advirtió que la reforma “debilitará la independencia del Poder Judicial, en su rol de freno y contrapeso con respecto a los otros poderes del Estado y disminuirá la protección de los derechos de las personas”.
Por el PRO, Pablo Tonelli dijo que la reforma busca “debilitar” a la Corte Suprema y “politizar” al Consejo de la Magistratura. “Quieren obligar a jueces y abogados a meterse en las campañas políticas”, agregó el macrista.
