La Justicia provincial amplió la indagatoria a los abogados acusados por la millonaria estafa a través de vaciamiento de cuentas judiciales inmovilizadas en el Banco Municipal de Rosario. La causa involucra al juez Alejandro Martín y su secretario Ricardo Lavaca, ambos suspendidos y con un proceso de jury iniciado sobre el magistrado. El delito imputado es asociación ilícita, estafas reiteradas, defraudación y falsedad ideológica, entre otras figuras penales, por apropiación de dinero judicial. Los letrados indagados señalaron al martillero de 62 años Oscar Kovalevski –como organizador de las acciones– lo que derivó en que ayer por la tarde fuera detenido tras haber sido internado en el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR) por una descompensación. A instancias del Juzgado de Instrucción 12a, a cargo de Mónica Lamperti, fuerzas de seguridad allanaron el estudio del martillero y secuestraron las computadoras como parte de la investigación. La fiscalía pidió que se cite a declarar a un empleado del Banco Municipal ante la sospecha de que pudo participar de las maniobras.
El martillero de 62 años fue dado de alta del Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR) ayer por la tarde y, al cierre de la edición esperaba ser trasladado a una dependencia policial. El profesional se había descompensado al conocer que la Justicia provincial ordenó la detención en su contra anteayer por la tarde. Durante esas horas, la Policía allanó su estudio y secuestró sus computadoras. Las actuaciones fueron requeridas por la jueza a pedido del fiscal Carlos Covani. La magistrada actuó a partir de la presentación espontánea que el martes por la mañana hicieron dos de los tres abogados involucrados en la causa. En la misma los letrados reconocieron los hechos. Sin embargo, señalaron al martillero como ideólogo de la estafa, quien tenía “el contacto con el banco y el juzgado”. Los abogados del martillero detenido, Germán Mahieu y Froilán Ravena, fueron consultados por El Ciudadano y refirieron que les resulta “sugestiva esta nueva declaración, donde se pretende cortar el hilo por lo más delgado. Esta nueva acusación es la interpretación de una parte y responde a una estrategia procesal de las personas que declararon”, deslizaron los defensores de Kovalevski.
El arreglo, según explicaron, incluía a un empleado del Banco Municipal de Rosario, la entidad donde estaban los depósitos judiciales. Por otro lado, en estas declaraciones que incorporó la causa, uno de los abogados corroboró la versión de otro de los letrados involucrados en el caso. El primero habría pedido al segundo que cobrara un oficio judicial a modo de favor. Esto respalda la versión del segundo, quien había declarado eso mismo ante Lamperti meses atrás. Por distintas vías, esa asociación había permitido retirar esos fondos que estaban a resguardo del Banco Municipal de Rosario. Las maniobras, denunciadas por el propio banco, comenzaron a detectarse a mediados de 2010, en la misma época en que se inició la transferencia de depósitos judiciales del Nuevo Banco de Santa Fe al Municipal. El movimiento de dinero continuó hasta septiembre pasado, cuando la Justicia tomó conocimiento de las irregularidades. Algunos de los investigados devolvieron 548 mil pesos a las cuentas que habían sido vaciadas. El fiscal Carlos Covani, a cargo de la investigación, corroboró que en ese tiempo se emitieron 56 órdenes de pago desde el Juzgado Civil y Comercial Nº 17 a cargo de Martín.
Juicio al juez
“Esta causa tendría poca repercusión si no tuviera involucrado a un juez. Por tanto, el pez gordo a cazar acá es el juez. La intención del fiscal es lograr dañar al juez que es la persona más importante involucrada en este caso”, atacó el abogado defensor del juez Martín, Carlos Varela. Al igual que su secretario Lavaca, Martín se encuentra suspendido provisionalmente de sus funciones desde fines de noviembre pasado. Con el avance de la causa, el procurador de la Corte Suprema pidió el jury al magistrado por conformar una supuesta asociación ilícita investigada por el fiscal Covani.
